El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El mismo día que concluye el plazo para presentar solicitudes, el Tribunal Supremo ha abierto este martes la puerta a consultar al la justicia europea (Tribunal de Justicia Europea, TJUE) si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno el 14 de abril choca con el derecho de la Unión Europea, una duda planteada tras un proceso en el que se han recibido 1,2 millones de peticiones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado cinco días a las partes para pronunciarse sobre una posible cuestión prejudicial al tribunal europeo en dos recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, después de que el Ejecutivo estimara al principio que el mecanismo alcanzaría a más de 500.000 personas.

En concreto, el Supremo da traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE “una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE”. Estas providencias han sido dictadas por el tribunal antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.

Las dos providencias parten de una objeción concreta: la de si un Estado miembro puede reconocer con carácter general un derecho de residencia temporal a extranjeros en situación irregular sin someterlos antes a una orden de retorno, fuera de las excepciones que permite la normativa comunitaria. Los magistrados sitúan la duda en la convivencia entre el decreto español y el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea aprobado en 2024.

El tribunal precisa que las disposiciones cuestionadas del real decreto no regulan concesiones individualizadas, sino un régimen general para ciudadanos de terceros países que ya estuvieran en España en situación irregular y que cumplan determinadas condiciones.

Compatibilidad con el Convenio Schengen

El Supremo pide a las partes que manifiesten su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE “de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros”.

El tribunal explica que en virtud del real decreto “un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta”.

Es por eso que el Supremo aprecia una posible colisión con las normas que desarrollan el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. En particular, menciona la vigencia de la Directiva de Retorno y el hecho de que España no la haya traspuesto, para preguntar si aun así resulta admisible evitar la orden de retorno y conceder residencia temporal por el mero hecho de la estancia irregular.

Pese a estas cuestiones planteadas por el Supremo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene que la norma que regula el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes desarrollado en España “se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea (UE)”.

Fuentes ministeriales consultadas por EFE han trasladado a los solicitantes un mensaje de tranquilidad y aclaran que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español.

Los magistrados también piden a las partes que se pronuncien sobre el instrumento elegido por el Ejecutivo. La pregunta es si un Estado miembro puede aprobar mediante una norma reglamentaria, de rango infralegal, un proceso de regularización masiva con efectos sobre un volumen indeterminado de personas estimado entre 900.000 y 1.650.000, sin notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con otros socios comunitarios.

Ese bloque de dudas incorpora además una cuestión política y jurídica de fondo. El alto tribunal quiere saber si, con el marco ya vigente del pacto europeo y en especial del Reglamento (UE) 2024/1351, un Estado puede establecer una regularización masiva de extranjeros en situación irregular sin más condicionante que la mera decisión política.

Semanas antes, el propio Supremo había rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria. Esa medida había sido solicitada por Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.

Al denegar la suspensión, el alto tribunal subrayó el “interés público” y el “sustrato humano” de la medida. En esa resolución sostuvo que la finalidad era permitir la plena integración de personas extranjeras que llevan tiempo en España y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

*Con información de EFE y Europa Press