El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda González, y a otras 24 personas en la causa en la que investiga las presuntas irregularidades detectadas en torno a la actuación de la exmilitante socialista Leire Díez en distintas operaciones relacionadas con empresas públicas y privadas. La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que existen indicios suficientes para dirigir formalmente el procedimiento contra todos ellos y tomarles declaración en calidad de investigados.

Con esta resolución, el magistrado da un nuevo impulso a una investigación que, desde hace meses, trata de esclarecer si un grupo de personas actuó de manera coordinada para influir en expedientes de contratación pública y en operaciones económicas vinculadas a sociedades del sector público empresarial. La providencia responde íntegramente a la solicitud formulada por la Fiscalía, que reclamó el cambio de situación procesal de los nuevos investigados para garantizar su derecho de defensa ante los indicios recopilados durante la instrucción.

Entre los nuevos investigados figuran responsables y antiguos directivos de organismos públicos como la propia SEPI, Enusa y Mercasa, además de antiguos responsables de Tubos Reunidos. El juez acuerda ahora recibirles declaración como investigados, aunque antes deberán personarse en la causa con abogado y procurador quienes todavía no lo hayan hecho.

El foco sobre el rescate de Tubos Reunidos

La incorporación de Belén Gualda a la causa está directamente relacionada con el rescate público concedido a Tubos Reunidos durante la pandemia a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

La compañía había solicitado en enero de 2021 una ayuda de 115 millones de euros. Tras la tramitación del expediente, el Consejo Gestor del FASEE aprobó la operación el 13 de julio de ese año mediante un préstamo participativo, una decisión que posteriormente recibió la autorización del Consejo de Ministros el 20 de julio.

La Fiscalía sostiene que, durante ese proceso, se produjeron una serie de actuaciones que ahora son objeto de investigación. Según expone en su escrito, la documentación intervenida apunta, de manera indiciaria, a que el expediente contaba con informes favorables de las unidades técnicas de la SEPI, de asesores externos y del Ministerio de Industria, al tiempo que recoge la existencia de un supuesto compromiso atribuido a Belén Gualda con el entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, para que la operación fuera elevada al Consejo Gestor del fondo. El Ministerio Público añade que el expediente sufrió retrasos debido a las dudas expresadas desde el Ministerio de Economía, extremo que forma parte de la reconstrucción de los hechos que ahora analiza la Audiencia Nacional.

Los fiscales también sitúan dentro de esa secuencia una serie de reuniones impulsadas por el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, con el objetivo, según su tesis, de agilizar la tramitación de la ayuda. En ese contexto enmarcan la actuación de Gualda, a quien atribuyen haber firmado la propuesta que posteriormente fue elevada al Consejo Gestor del FASEE antes de que el rescate obtuviera el visto bueno definitivo del Gobierno. Se trata de extremos que forman parte de la investigación y sobre los que todavía no existe un pronunciamiento judicial de fondo.

Una investigación que va mucho más allá del rescate

La investigación abierta en la Audiencia Nacional no se limita al caso de Tubos Reunidos. La Fiscalía describe una supuesta operativa que se habría desarrollado en distintos organismos públicos y que afectaría a entidades como Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias y otras sociedades vinculadas al ámbito de la SEPI, además de operaciones relacionadas con el grupo empresarial Forestalia.

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que, “al menos de forma indiciaria”, los hechos reflejan un patrón de actuación “reiterado, coordinado y estructurado” por parte de los investigados, que habría operado de forma continuada en diferentes ámbitos del sector público y en beneficio de diversos grupos empresariales. Esa hipótesis constituye una de las bases sobre las que la Fiscalía pidió ampliar la lista de investigados y que ahora ha sido asumida por el magistrado a efectos exclusivamente procesales.

Entre las personas cuya situación procesal cambia figuran el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esa empresa pública, Rosario Arévalo Sandez; el director del FASEE, Julián Mateos Aparicio; el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; además del expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta Rodríguez, y el exconsejero Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, junto a otros responsables públicos y privados que aparecen mencionados en la resolución judicial.

En relación con Tubos Reunidos, la Fiscalía también investiga diversos pagos efectuados por la compañía a la sociedad Mediaciones Martínez S.L., al considerar que podrían guardar relación con las gestiones que, presuntamente, se habrían realizado para facilitar la obtención del rescate y el posterior seguimiento de la ayuda pública. Para sostener esa línea de investigación, el Ministerio Público incorpora al procedimiento comunicaciones intervenidas, documentación societaria, información bancaria y declaraciones testificales que, a su juicio, refuerzan los indicios existentes, si bien todos esos elementos deberán ser sometidos a contradicción a lo largo de la instrucción.