¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández. Una exmilitante del PSOE acusada de ser la ‘fontanera’ del partido, el socio en una empresa de Santos Cerdán, antiguo número 3 de Pedro Sánchez, y el expresidente de la SEPI, el conglomerado que gestiona las empresas participadas por el Estado. Tres nombres que hasta ahora eran más o menos conocidos por diferentes causas, pero que esta semana han convergido en una misma investigación. Todo comenzó con la detención de los implicados este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación coordinada con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer presuntas irregularidades en contratos públicos, adjudicaciones y subvenciones gestionadas desde la SEPI y otras entidades estatales.

Desde ese momento, se ha ido conociendo, a cuenta gotas, la información detrás de toda esta trama. En los autos judiciales a los que han tenido acceso diferentes medios, la UCO atribuye a los tres investigados su participación en al menos cinco operaciones supuestamente amañadas, valoradas en alrededor de 132 millones de euros, en las que habrían obtenido comisiones ilegales a cambio de influir en decisiones administrativas favorables a empresas privadas o para la adjudicación de ayudas públicas.

Según la investigación, estos presuntos amaños se habrían llevado a cabo principalmente entre 2021 y 2023, periodo en el que se concentran los hechos que investigan los agentes, aunque el entramado podría estar activo desde la llegada del PSOE al Gobierno en 2018, según indica El País.

Empresas pantalla

La UCO cree que el trío, al que se refiere en los autos como el “grupo Hirurok”, debido al grupo de WhatsApp que compartían con ese nombre, y que en euskera significa ‘nosotros tres’, se valió de sus relaciones institucionales para orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de la posición de cada uno y de sus contactos en empresas y organismos públicos.

Parte de estas comisiones, que la Guardia Civil cifra en unos 750.000 euros, habrían sido canalizadas a través de empresas pantalla como Mediaciones Martínez SL, y también se investigan inversiones con ese dinero en propiedades en Marbella y Jaca.

La UCO ya ha realizado una serie de registros que no se limitaron a los domicilios de los investigados. Por el momento, se sabe que se han solicitado documentos y se han practicado inspecciones en sedes de la SEPI y sus filiales (como Enusa), así como en Correos, Mercasa y otros organismos públicos y ministerios en Madrid, Zaragoza, Sevilla y otras provincias.

La situación del grupo Hirurok

Los tres investigados fueron detenidos este miércoles y puestos bajo custodia policial hasta el sábado por la mañana, cuando fueron trasladados desde el cuartel de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional para ser puestos a disposición del magistrado Antonio Piña después de que expiraran las 72 horas legales desde su detención. Ante el juez, Díez y Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Fernández sí respondió a las preguntas de las partes, negando las acusaciones de irregularidad que se le imputan.

Así se celebró una vistilla para determinar las medidas preventivas que se les aplicaba, en la que la Fiscalía Anticorrupción pidió expresamente al juez que no acordara prisión provisional y que, en su lugar, decretara libertad con medidas cautelares, ante la ausencia de otras partes acusadoras y dada la fase inicial de la investigación.

El juez lo escuchó y acordó dejar en libertad a los tres investigados, imponiendo cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, pero sin decretar prisión. A última hora de la tarde del sábado, Díez abandonó la Audiencia Nacional por su propio pie, cubriéndose el rostro, mientras Alonso y Fernández también salían tras comparecer ante el instructor judicial.

De esta manera ha finalizado el primer paso de una instrucción en la que los agentes todavía tienen mucha información que valorar y muchos datos que revelar para determinar qué se esconde detrás de esta nueva trama cercana al entorno del PSOE.