Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

La investigación que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido a la Audiencia Nacional sobre José Luis Rodríguez Zapatero gira en torno a una pregunta muy concreta: ¿Cobró el expresidente por prestar un servicio legítimo de asesoramiento internacional o por utilizar su capacidad de influencia ante las autoridades bolivianas en beneficio de un gran grupo empresarial?

Esa es la cuestión que sobrevuela las más de mil páginas de documentación analizadas por los investigadores. Porque los hechos esenciales, a estas alturas, apenas se discuten. La Policía da por acreditado que Zapatero percibió 200.000 euros a través de un contrato de consultoría firmado en mayo de 2024. También considera probado que, tras ese acuerdo, desarrolló una intensa actividad relacionada con Bolivia, mantuvo contactos con miembros del Gobierno de Luis Arce y participó en gestiones vinculadas a los intereses del Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados empresariales de Perú.

Lo que está por determinar es si todo eso constituye una actividad de asesoramiento perfectamente legal o si, como sostiene la UDEF, forma parte de una dinámica de intermediación e influencia que podría tener relevancia penal.

El dinero está acreditado; la discusión es por qué se pagó

La pieza central del caso es un contrato firmado el 10 de mayo de 2024 entre Zapatero y la sociedad peruana Focus Social Research (FSR), representada por Mariano Carranza. A partir de ese acuerdo se emitieron tres facturas que dieron lugar a pagos por un importe total de 200.000 euros. Hasta ahí, el asunto podría parecer una consultoría internacional más.

Sin embargo, la investigación policial sostiene que la sociedad contratante no era quien realmente estaba detrás de la operación. La UDEF considera que la documentación intervenida apunta de forma reiterada hacia el Grupo Gloria, un gigante empresarial peruano con importantes intereses en Bolivia a través de su filial cementera Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE). Y es precisamente ahí donde empiezan las preguntas.

Porque quien negocia el contrato, intercambia borradores, coordina la firma, remite documentación relacionada con la consultoría y mantiene contacto permanente con el entorno de Zapatero no es un representante visible de Focus Social Research. Es Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria.

Para los investigadores, esa circunstancia resulta difícil de encajar con la versión formal de los hechos. Si la consultoría era para Focus Social Research, se preguntan, ¿por qué las gestiones las dirigía una directiva del Grupo Gloria? La sospecha policial es que Focus Social Research habría actuado como vehículo contractual de una relación cuyo verdadero beneficiario era el grupo empresarial peruano.

Una exembajadora que conecta todas las piezas

La investigación sitúa en el origen de la operación a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y figura con una extensa agenda de contactos políticos y empresariales. Las conversaciones intervenidas muestran que Almendras llevaba años manteniendo contacto con Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero. Pero el punto de inflexión llega en mayo de 2024, cuando organiza una serie de reuniones en Madrid que desembocan en la firma del contrato.

Primero se celebra un encuentro preparatorio. Después, una segunda reunión en la oficina de Ferraz a la que asisten Zapatero, Almendras y varios representantes empresariales. A partir de ahí, la exembajadora facilita el contacto de Ana María Ospina y desaparece progresivamente de la negociación contractual, aunque continúa desempeñando un papel central en las gestiones posteriores.

Para la UDEF, Almendras actúa como el puente que conecta a Zapatero con los intereses empresariales que acabarán protagonizando la investigación. Y es precisamente después de la firma cuando el contenido de las conversaciones empieza a adquirir una relevancia especial.

De la consultoría a los litigios de SOBOCE

Los investigadores destacan que, una vez formalizado el acuerdo, la documentación intercambiada entre los distintos participantes deja de girar alrededor de cuestiones genéricas de asesoramiento internacional y se concentra en un asunto muy concreto: los problemas judiciales que afectaban a SOBOCE en Bolivia.

La Policía ha localizado informes jurídicos, documentación procesal, análisis sobre posibles salidas al conflicto y propuestas de actuación relacionadas con los litigios que enfrentaban a la compañía con el Estado boliviano y con la empresa FANCESA. También aparecen reuniones telemáticas con altos ejecutivos del Grupo Gloria y de SOBOCE, entre ellos Luis Díaz Olivero, vicepresidente del grupo peruano, y Francisco Shwortshik, consejero delegado de la cementera boliviana.

La relevancia de este punto es evidente. Si la consultoría contratada consistía en asesoramiento estratégico internacional, resulta llamativo que buena parte de las actuaciones posteriores se concentren en un litigio empresarial específico que afectaba a una compañía vinculada al grupo cuyos directivos aparecen de forma recurrente en las conversaciones.

El acceso a las autoridades bolivianas

La parte más delicada del informe llega cuando la investigación abandona el ámbito empresarial y entra en el terreno político. La UDEF documenta contactos directos entre el entorno de Zapatero y el núcleo del Gobierno boliviano. No se trata de interlocutores secundarios, sino de responsables situados en el entorno más próximo al presidente Luis Arce.

Las conversaciones muestran cómo Gertrudis Alcázar coordina reuniones con María Nela Prada, ministra de la Presidencia, y con Fabiola Salazar, jefa de Gabinete del mandatario boliviano. Gracias a esas gestiones se organiza el viaje que Zapatero realiza a Bolivia en septiembre de 2024. Durante esa visita, el expresidente mantiene encuentros con Luis Arce y con miembros de su Gobierno mientras continúan activas las conversaciones sobre la situación de SOBOCE.

La investigación considera especialmente significativo que, en vísperas del viaje, Zapatero pidiera información actualizada sobre el conflicto de la cementera y recibiera documentación con posibles alternativas para resolverlo.

La secuencia se prolonga durante los meses siguientes. Aparecen peticiones para organizar reuniones con ministros, contactos para facilitar encuentros con responsables del área de Justicia y nuevas gestiones dirigidas al entorno presidencial. En mayo de 2025, por ejemplo, la investigación recoge mensajes en los que Zapatero solicita hablar con Luis Arce y pide acceso al Procurador General del Estado boliviano.

Dónde sitúa la UDEF la posible relevancia penal

La Policía no sostiene que sea ilegal cobrar por asesorar a una empresa. Tampoco que resulte ilícito mantener reuniones con dirigentes extranjeros. La sospecha surge cuando ambas circunstancias aparecen conectadas.

La tesis de los investigadores es que los pagos, los contactos institucionales y las gestiones relacionadas con los intereses de SOBOCE forman parte de una misma secuencia orientada a beneficiar a un cliente privado mediante la utilización de acceso privilegiado a centros de decisión política. Ese es el motivo por el que la UDEF habla de una posible dinámica de intermediación e influencias.

Sin embargo, el informe también deja abiertas varias incógnitas. La investigación no identifica pagos a funcionarios públicos, no recoge órdenes dirigidas a alterar resoluciones judiciales ni contiene pruebas directas de sobornos. Su construcción se apoya fundamentalmente en la concatenación de indicios: los pagos, las reuniones, las conversaciones y el interés constante por la evolución de los procedimientos que afectaban a SOBOCE.

Por eso la gran cuestión jurídica del caso sigue siendo la misma que al principio: si la documentación describe una actividad de consultoría internacional y relaciones institucionales dentro de los márgenes de la legalidad o si, por el contrario, revela el ejercicio retribuido de una influencia política que pueda tener encaje en el Código Penal.