
La violencia machista sigue sin dar tregua en España, con un verano especialmente trágico. Entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres y solo en lo que llevamos de agosto se han registrado otros dos feminicidios en Asturias y Murcia, ambos el pasado día 5 con escasas horas de diferencia, lo que eleva a 35 el total de víctimas mortales en lo que va de año y a 1.376 desde 2003, año en que se comenzaron a recopilar estos casos.
Además, el Ministerio del Interior ha comunicado que hasta el 31 de julio de 2026 tiene detectados en el Sistema VioGén un total de 104.666 casos activos de violencia de género. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo. Según esos mismos datos, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo.
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Por comunidades autónomas, tanto en los feminicidios como en los casos activos de violencia machista registrados en España en lo que va de año, Andalucía es la comunidad autónoma con peores datos. Nueve mujeres, lo que representa el 27% del total nacional, han sido asesinadas en esta región, que también suma 27.885 casos activos de violencia de género, según los datos oficiales.
Miedo a denunciar o sentirse desprotegidas
Por todo ello, para expertas como la socióloga Carmen Repullo, especializada en violencia de género, resulta especialmente preocupante la decisión del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla de transferir a Vox la gestión de la valoración de víctimas de violencia machista, en virtud de sus nuevas competencias en Justicia, ya que el partido de Santiago Abascal niega la existencia de este tipo de violencia.
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“En este tipo de decisiones se aprecia la preocupación que tiene el Gobierno de Andalucía por las víctimas de la violencia de género. Y una de las cuestiones más alarmantes, no solo por los datos de Andalucía, que efectivamente es la región con más feminicidios, es el hecho de que las mujeres vean en este cambio que no tienen cubiertos sus derechos. Es decir, que tengan miedo a denunciar, que sientan que el sistema de valoración de la violencia de género en Andalucía no las protege ni a ellas ni a sus hijos o que puedan pensar que ese recurso no es valioso”, explica Repullo, profesora en la Universidad de Granada, en conversación con Infobae. “¿Cómo va a proteger a las víctimas un partido que cuestiona la violencia de género cuando no reconoce el problema en su origen?”, se pregunta la experta.

Repullo considera que la violencia debe identificarse por su naturaleza específica y, en el caso de la de género, asignarle ese carácter resulta fundamental. La socióloga advierte que Vox pretende eliminar esa distinción, lo que implicaría tratar todas las formas de violencia de igual manera.
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“La violencia de género requiere especialistas, estrategias de protección y una coordinación adecuada entre distintas unidades. Lo que quieren es volver a la anécdota y que esta violencia no sea considerada como un problema social y estructural, cuando a los problemas estructurales no se les pueden dar respuestas puntuales”, sostiene la docente.
Igualdad exige una reunión con Moreno Bonilla
La decisión de la Junta de Andalucía ha hecho que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, exija una reunión urgente al presidente andaluz, al considerar que “transmite falta de compromiso a las víctimas”, al tiempo que ha advertido que trasladar esas competencias a quienes niegan la violencia de género puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) también lo han censurado. Mientras la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que “cuando PP y Vox pactan, siempre perjudican a las mujeres”, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que Moreno Bonilla “vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres”. “El PP no solo no pone límites a la extrema derecha, sino que hace propia su agenda”, ha añadido Maíllo, que también es coordinador federal de IU.
En esa misma línea se ha expresado el portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, que ha asegurado que estarán “vigilantes” para “no permitir ningún retroceso de derechos”.
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