
Cinco semanas y trece sesiones ha de su inicio en el Tribunal Supremo, el juicio por el ‘caso mascarillas’ entra en su fase final y, salvo imprevistos, quedará pendiente de sentencia este miércoles. Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, pide 24 años de prisión para el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, quien pudo dar su versión este lunes en el Tribunal Supremo.
Con su declaración, quedan sobre la mesa tres versiones paralelas con discrepancias evidentes, tras el testimonio del empresario Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del exministro. Sobre los tres recaen acusaciones que incluyen delitos como pertenencia a organización criminal y cohecho; y tanto Ábalos como Koldo se enfrentan también a cargos por tráfico de influencias y malversación, entre otros.
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En la lectura de sus conclusiones, el fiscal ha defendido que los tres acusados conforman una “estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes”, a la cual responsabiliza de una “acción concertada y coordinada con reparto de funciones”. Ábalos es “el jefe”; Aldama “el corruptor”, el que paga, el “arrepentido”; y Koldo un actor “omnipresente” y “parapetado” tras Ábalos.
Sobre el exministro, ha dicho: “Ya fuera como líder de la organización, ya como su pieza clave, José Luis Ábalos rara vez descendía al terreno, a la ejecución material de los delitos, porque para ello contaba con el fidelísimo Koldo García. No debemos olvidar que la persona de quien dependen finalmente las decisiones era” él.
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La declaración de Ábalos: niega haber recibido comisiones y cuestiona la versión de Aldama
Durante las seis horas que duró la intervención de Ábalos, el exministro tuvo como estrategia el negar cualquier aspecto relacionado con el cobro de comisiones y poner en duda el relato de Aldama, a quien acusó en repetidas ocasiones de “mentir”. De acuerdo con quien fue secretario de Organización del PSOE, las acusaciones del empresario no contienen “ninguna evidencia”. Durante su comparecencia, el exministro insistió en señalar el carácter público del procedimiento, “claramente mediático”, y aseguró que, a su parecer, existe una “condena clara”, decidida fuera de la sala y antes de concluir el juicio.
Ábalos rechazó la recepción de “mordidas” en cualquier formato, aunque admitió que en su entorno existía una costumbre de adelantar dinero. Aseguró que Aldama no tuvo ningún papel en la gestión de los contratos, y que ninguna oferta pasó por sus manos. Con él “no habló”, según el exministro, quien sí concedió que el empresario pudo haber estado presente en algunas conversaciones, aunque como oyente. “Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante”, explicó Ábalos.
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Por otra parte, confirmó que Aldama asumió el pago del alquiler del piso donde residió su expareja, Jésica Rodríguez, durante dos años, aunque defendió que fue una decisión personal de Aldama y negó que existiera un trasfondo político o administrativo. Por otro lado, puso en entredicho el testimonio de Jésica Rodríguez, asegurando que está “convencido” de que pudo haber sido “coaccionada” o que su versión fue “pactada” con Aldama.
También explicó que delegaba ciertas cuestiones —como gastos o temas logísticos— en su asesor Koldo García Izaguirre, quien se encargaba de llevar las cuentas, realizar pagos y, en ocasiones, adelantar dinero. Pero García Izaguirre no tuvo mano, según el exministro, en la adjudicación de contratos.
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El alegato final de Ábalos: acusa a la Fiscalía de tener una causa “predeterminada”
Tras la lectura del informe final del fiscal; la participación de Alberto Durán —abogado del PP— en representación de las acusaciones populares; y la intervención de las defensas, los acusados han tenido un último turno de palabra para volver a dirigirse al tribunal.
“Muy buenas noches”, ha comenzado Ábalos al iniciar su alegato final ante la Sala. El exministro ha asegurado que afronta su “última palabra en este proceso” con “cansancio” tras semanas de juicio. “Me juego la poca vida que me queda, que no es demasiado”, ha afirmado. Durante su intervención, ha evitado entrar en el plano personal. “No voy a hablar de sentimientos, no sea que luego me acusen de victimismo”, ha señalado.
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Ábalos ha centrado buena parte de su alegato en cuestionar el desarrollo de la instrucción y el impacto mediático del caso. “Toda esta causa estaba predeterminada. Todo el proceso ha ido con esa predeterminación acompañado con la presión mediática”, ha afirmado el exministro, quien también ha criticado los “juicios paralelos” surgidos alrededor del procedimiento. Según ha sostenido, estos procesos “intoxican” la causa judicial y contribuyen a construir una imagen pública de los acusados alejada de los hechos concretos. “Se trata de ir conformando una imagen tan deshumanizada en lo moral y en lo reputacional, que parezca que es capaz de cualquier hecho”, ha dicho.
En esa línea, el exdirigente socialista ha denunciado una campaña “orquestada, financiada y guiada”, alimentada, según ha apuntado, por filtraciones de la propia investigación. También ha lamentado que no se haya respetado su intimidad durante el procedimiento y ha reclamado de nuevo la devolución de sus dispositivos electrónicos. “Comparecemos sin buena parte de todo aquello que nos podría exonerar”, ha asegurado, al sostener que carece de parte del material probatorio mientras afronta otros procedimientos judiciales.
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El exministro también ha rechazado la interpretación de la Fiscalía sobre la contratación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas. “Dos contratos temporales, ¿eso es colonizar la administración?”, ha dicho en referencia al informe del fiscal, antes de reprochar que esa expresión es “muy del PP”. Ábalos ha restado relevancia a esos hechos y ha sostenido que el procedimiento supone “hacerles perder a sus señorías el tiempo”. “Todo lo que se me tiene que reprochar de mi etapa como ministro son dos contratos temporales y eso porque son dos señoritas”, ha agregado.
Durante su intervención, Ábalos ha insistido además en que el proceso comenzó con una “presunción de culpabilidad” y ha criticado distintos aspectos de la instrucción. Entre ellos, ha cuestionado que se le obligara a declarar “con un abogado repudiado” y ha planteado que durante el procedimiento se intentó empujarle hacia una confesión. “¿Qué se entiende por colaboración? ¿Es confesión? Eso es un proceso inquisitorial”, ha afirmado.
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El exministro ha reservado también parte de su alegato para volver a cargar contra Víctor de Aldama, cuya colaboración con la Justicia ha vinculado a un intento de reducir su responsabilidad penal y evitar la cárcel. “La vía que le queda después de entrar en prisión es esta”, ha señalado Ábalos, quien ha acusado al empresario de aprovechar “un marco político con una polarización excesiva” para “politizar la cuestión y señalar a personas del Gobierno”. También ha criticado que Aldama implicara durante el juicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como supuesto responsable de la organización criminal. “Yo el año 15 no conocía a estos señores”, ha dicho.
Ábalos ha negado igualmente haber recibido pagos periódicos de Aldama y ha ironizado sobre la cantidad mencionada durante el juicio. “Me dicen que participo del reparto de 10.000 euros mensuales. ¡Qué barato soy!”, ha afirmado, antes de concluir su intervención asegurando que se siente juzgado “más como persona que por hechos”.
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