El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

Albert Corrieri tiene 104 años y ha decidido llevar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una reclamación que arrastra desde la Segunda Guerra Mundial. El francés exige 43.200 euros por las horas que trabajó de forma forzosa en Alemania entre 1943 y 1945, cuando fue enviado al país dentro del Servicio de Trabajo Obligatorio impuesto por el régimen colaboracionista de Vichy, según informa BFM Business.

La cantidad que reclama responde a un cálculo concreto: 10 euros por hora trabajada durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 1943 y el 15 de abril de 1945. Corrieri fue destinado, entre otros lugares, a una fábrica química de Ludwigshafen y sostiene que nunca recibió remuneración por aquellos trabajos.

El caso llega ahora a Estrasburgo después de que la justicia administrativa francesa rechazara su petición. La Corte Administrativa de Apelación de Marsella desestimó en 2025 su solicitud de indemnización al considerar que la legislación francesa de posguerra ya permitió compensar los perjuicios sufridos por las personas obligadas a trabajar en territorio enemigo.

“Fui reducido a la condición de esclavo”

Corrieri trabajaba como fontanero en un restaurante del Puerto Viejo de Marsella cuando fue enviado a Alemania con 20 años. El traslado se produjo en el marco del Servicio de Trabajo Obligatorio, un sistema creado por el régimen de Vichy para responder a las exigencias de mano de obra de la Alemania nazi.

El francés fue internado en un campo y destinado a tareas físicas especialmente duras. Según el relato recogido por BFM Business, cargaba vagones de carbón para contribuir a la maquinaria de guerra nazi y también trabajó en una planta química. Durante ese periodo resultó herido en un brazo en los bombardeos aliados.

“Fui reducido a la condición de esclavo”, declaró Corrieri en una rueda de prensa organizada en el despacho de su abogado. El centenario aseguró que fue obligado a realizar “los trabajos más duros bajo la amenaza de las armas”, durante seis días a la semana y jornadas de diez horas, “sin percibir ni un solo céntimo de remuneración”.

“Considero que Francia tiene una deuda conmigo”, añadió.

Una reclamación económica y judicial

La reclamación de Corrieri no se limita a una reparación simbólica. El anciano pide el pago de las horas que asegura haber trabajado sin cobrar. Sin embargo, los tribunales franceses han rechazado ya su demanda.

La Corte Administrativa de Apelación de Marsella se basó en la ley del 14 de mayo de 1951, relativa al estatuto de las personas obligadas a trabajar en país enemigo. Según la jurisdicción administrativa, esa norma permitió indemnizar “los perjuicios de toda naturaleza” causados a las víctimas del Servicio de Trabajo Obligatorio, incluidos, en su caso, los daños económicos.

El conflicto está precisamente ahí: Francia considera que la reparación quedó cubierta por aquella legislación de posguerra, mientras Corrieri reclama ahora una compensación concreta por las horas de trabajo forzoso que, según sostiene, nunca le fueron pagadas.

Su abogado, Michel Pautot, defiende que el caso va más allá de una reclamación individual: “Esta lucha supera su persona. Se trata de hacer reconocer la esclavitud moderna de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó, según el medio francés.

Pautot considera que el Estado francés debería haber creado un fondo de indemnización para los supervivientes como Corrieri, que ya son muy pocos. En palabras del letrado, personas como Albert “se cuentan con los dedos de una mano”.

El abogado también representaba a Erpilio Trovati, otro antiguo trabajador del Servicio de Trabajo Obligatorio, pero esa acción judicial quedó extinguida tras su fallecimiento el pasado otoño.

Ahora, el caso de Corrieri queda en manos del TEDH. Su defensa insiste en que el margen de tiempo es cada vez menor. “A sus 104 años, Albert está en el gran crepúsculo de su vida”, advirtió Pautot, que considera que el tribunal europeo es ya “la última esperanza” para obtener una reparación.