La Audiencia Nacional ha autorizado que José Luis Rodríguez Zapatero acceda este miércoles por la entrada reservada a jueces y magistrados para declarar como investigado en el caso Plus Ultra, atendiendo a una petición formulada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad ante la expectación mediática prevista en torno a su comparecencia.
La autorización, concedida por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, permitirá al expresidente evitar el acceso habitual utilizado por los visitantes y llegar directamente al interior del edificio judicial en una de las jornadas más sensibles de la investigación que dirige el juez José Luis Calama.
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Zapatero está citado este miércoles y jueves a partir de las nueve de la mañana para responder sobre dos de los asuntos que centran actualmente la causa. Por un lado, su presunta influencia en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Por otro, el origen de varias joyas halladas en una caja fuerte de su despacho y valoradas preliminarmente en alrededor de 1,3 millones de euros.
La decisión sobre el acceso del expresidente se conoce apenas unas horas antes de una declaración que llega precedida de varios movimientos procesales relevantes. El propio Calama ha rechazado la petición de la defensa de Zapatero para aplazar las preguntas relacionadas con las joyas y limitar el interrogatorio a la cuestión del rescate de la aerolínea.
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El magistrado considera que no existe situación de indefensión alguna, ya que los hechos investigados en relación con las joyas son conocidos por la defensa y forman parte de la misma causa. De esta forma, el expresidente deberá responder sobre ambos frentes durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional.
El juez mantiene el control sobre las acusaciones populares
La víspera de la declaración también ha estado marcada por nuevas decisiones dirigidas a ordenar la participación de las acusaciones populares personadas en la causa.
Calama ha rechazado la petición de la acusación popular unificada, encabezada por el Partido Popular, para que todas las acusaciones pudieran asistir a la declaración de Zapatero. El magistrado recuerda que las diligencias instructoras no son actos públicos y que la presencia de las acusaciones debe articularse exclusivamente a través de la representación común establecida por el juzgado.
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Según explica en su resolución, la agrupación de las acusaciones populares no es una cuestión formal, sino una herramienta destinada a evitar duplicidades y agilizar la tramitación de un procedimiento especialmente complejo.
Las organizaciones y personas personadas conservarán el acceso a la documentación de la causa mediante la plataforma habilitada por el juzgado y recibirán la información correspondiente a través de la representación unificada, sin que ello suponga, según el magistrado, limitación alguna de sus derechos procesales.
La decisión se suma al reciente rechazo de los recursos presentados por Liberum, Vox, Hazte Oír y Borja Fernández contra la agrupación de las acusaciones populares bajo una única dirección jurídica, una medida que el instructor considera necesaria para evitar la proliferación de escritos e intervenciones paralelas en la causa.
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