El Tribunal Supremo admite el recurso de casación sobre la concesión de nacionalidad española a sefardíes originarios de España

El análisis del órgano judicial es provisional y se encuentra a la espera de ser analizado con calma hasta que se proclame un veredicto

Guardar
Google icon
Audiencia Provincial de Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la solicitud de una mujer colombiana. / Imagen de archivo

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha aceptado este mes de mayo analizar un recurso presentado por el Abogado del Estado en nombre de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta decisión impacta directamente en la concesión de la nacionalidad española para sefardíes, es decir, los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. El caso, radicado en Madrid, representa una nueva etapa en los pedidos de reconocimiento que presentan personas de origen sefardí de diferentes partes del mundo.

El proceso comenzó después de una sentencia emitida el 19 de diciembre de 2025 por la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora, el Tribunal Supremo intervendrá para revisar los fundamentos bajo los cuales se otorgan estos reconocimientos de nacionalidad. Según consta en el auto, la intervención busca definir los criterios y el alcance legal que deben cumplirse para que los descendientes de sefardíes puedan conseguir la nacionalidad española.

PUBLICIDAD

El reclamo del Estado se centra en la necesidad de revisar cómo se están aplicando los requisitos establecidos en la ley. El objetivo es garantizar que la interpretación legal sea clara y uniforme, ya que existen cientos de solicitudes actualmente en trámite. Por ello, cabe tener en cuenta que la decisión podría sentar un precedente importante que afecte a futuros casos similares.

El análisis del Tribunal Supremo es provisional y está a la espera de que se interprete la ley

En el análisis del recurso, el Tribunal Supremo ha determinado que el escrito del Estado cumplía con todos los requisitos legales exigidos. El documento fue presentado en tiempo y forma, y plantea una discusión válida sobre una resolución que puede ser revisada en última instancia. El principal motivo que permite aceptar este recurso es el llamado “interés jurídico casacional”, que en este caso se refiere a la interpretación de la ley sobre la nacionalidad para sefardíes originarios de España. El tribunal aclaró en su momento que la aceptación del recurso es provisional, lo que significa que el tema será discutido en profundidad antes de que se emita una sentencia definitiva.

PUBLICIDAD

A partir de la admisión del recurso, se abre un plazo de 20 días para que los opositores, es decir, la parte demandada y el Ministerio Fiscal, presenten sus argumentos y objeciones por escrito. Pasado ese tiempo, el expediente será revisado y analizado por el Ministerio Fiscal. El proceso se limita a las partes principales y al órgano fiscal, sin que existan recursos adicionales contra la decisión de admitir el recurso.

El trasfondo de este caso está relacionado con la gran cantidad de solicitudes de nacionalidad española que han presentado descendientes de judíos sefardíes en los últimos años. Desde la aprobación de la ley que permite este trámite, se han producido distintas interpretaciones sobre los requisitos que deben cumplirse, lo que ha generado incertidumbre y dudas entre los solicitantes.

La decisión del Tribunal Supremo de admitir el recurso de casación cambia el panorama, ya que podría modificar los criterios vigentes. Expertos jurídicos han señalado que la próxima sentencia, que será emitida por este tribunal, podría determinar si se flexibilizan, mantienen o endurecen las condiciones para acceder a la nacionalidad española en estos casos.

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

Esta medida que aquí se menciona abre un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos de los sefardíes y el alcance de la ley española y la concesión de la nacionalidad, mientras cientos de familias esperan una definición que puede cambiar su vínculo legal y cultural con España.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD