España incumple las recomendaciones del Consejo de Europa para evitar la corrupción de altos cargos

España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa (organización internacional ajena a la Unión Europea) lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) anunció este miércoles que, en su sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que le reclamó a España para antes del 31 de diciembre de 2024 ante esos incumplimientos (13 parciales y 6 totales), y en función del resultado podría tomar diferentes medidas de presión.

Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome “medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible”. 

Una estrategia específica para los cargos del Gobierno central

GRECO señala que aunque el Ejecutivo ha adoptado medidas para evitar el conflicto de interés en la Administración General del Estado, no ha diseñado una estrategia específica para los cargos del Gobierno central, quienes por su “naturaleza política” y su “interacción con el sector privado” enfrentan “desafíos particulares”.

También ha pedido que refuerce el régimen aplicable a los asesores del Gobierno, exigiéndoles los mismos estándares de transparencia e integridad que se aplican a los altos cargos, por lo que deberían ser públicos sus perfiles y salarios.

Regulación contundente de lobbies y puertas giratorias

El informe ha solicitado a su vez mejoras en materia de declaración de bienes, regulación del ‘lobbies’ (grupos de presión), las puertas giratorias y el sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno, conocido como aforamientos. Además, ha requerido una mayor independencia para la Oficina de Conflictos de Intereses y para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En cuanto a las declaraciones de bienes, GRECO señala que aunque el Gobierno ha aumentado el detalle de los bienes declarados por los altos cargos, aun falta un mayor desglose, especialmente en lo relativo a las actividades externas, como activos, intereses, empleos externos y deudas, además de familiares a su cargo.

El Consejo de Europa es más contundente sobre la regulación de ‘lobbies’ y cómo deben relacionarse los altos cargos con los grupos de presión, señalando que la recomendación no ha sido implementada de ningún modo y que las autoridades españoles trataron de aprobar una anteproyecto de ley que no se completó por la convocatoria electoral de 2023.

Eso sí, el Congreso está tramitando en esta legislatura un proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que define qué son los ‘lobbies’, cuáles son sus actividades de influencia, y establece un código de conducta para los grupos de interés en su relación con los altos cargos y con el personal público, entre otras medidas.

Sobre las puertas giratorias, GRECO incide en que no es suficiente que los altos cargos del Gobierno no puedan ejercer labores en ‘lobbies’ hasta dos años después de dejar sus cargos, como recogía el proyecto de ley sobre grupos de interés que cayó en la pasada legislatura. Señala, por contra, que la recomendación es “mucho más amplia”.

Asimismo, ha recordado que solicitó a España que eliminase la figura del aforamiento para que no obstaculice el proceso penal cuando miembros del Gobierno son sospechosos de haber cometido delitos vinculados a la corrupción. El Ejecutivo respondió que es un asunto “delicado”, ya que requeriría una reforma constitucional con un amplio consenso parlamentario, “algo difícil de alcanzar”

Por último, reclama una mayor independencia con una mejor dotación de fondos para dos organismos encargados de controlar las posibles irregularidades y para que los ciudadanos puedan hacer un escrutinio de las agendas y los datos patrimoniales de los miembros del Ejecutivo: la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Avances de España en transparencia

Eso sí, el informe del GRECO ha valorado positivamente la adopción por parte de España de un marco de honradez entre las autoridades, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incluye la evaluación de riesgos de corrupción, un código de ética, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, así como formación para los funcionarios y canales internos de denuncia.

También ha reconocido los esfuerzos de España por cumplir los requisitos de acceso a la información pública de los ciudadanos, incluida la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales, y alienta a seguir progresando mediante medidas adicionales.

También aplaude iniciativas para promover la igualdad de género en las fuerzas del orden como la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque insiste en la necesidad de mejorar los mecanismos internos de prevención de la corrupción.

Noticia elaborada por agencias