Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

La coordinadora general del Movimiento Sumar, Lara Hernández, defiende la continuidad del Gobierno de coalición tras el registro de la UCO en la sede del PSOE durante 12 horas este miércoles y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra la semana pasada, de acuerdo a lo que recoge Europa Press. “Claro que sí, ¿por qué no?”, respondió. Hernández sostiene que “estamos sacando adelante medidas muy concretas”.

En una entrevista concedida en La Noche en 24h de TVE, programa conducido por Javier Fortes, Hernández ha asegurado que en casi tres años de legislatura han logrado “una larga lista de logros”. Además, la coordinadora de Sumar ha reclamado que el PSOE “dé las herramientas” para seguir gobernando. También ha subrayado que un adelanto electoral es una “prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno”.

La dirigente ha pedido en antena que “la corrupción desaparezca” y que se resuelva “el problema de la vivienda”, al sostener que ese es el interés de su formación y del conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, sobre la imputación de Rodríguez Zapatero, Hernández afirma que en el auto “hay actuaciones que no son ni política ni éticamente aceptables para un expresidente”. La coordinadora ha opinado que “enriquecerse o engrosar las cuentas bancarias a costa de influencia política” no debe formar parte de la ética de ningún dirigente.

Los intereses de la legislatura que aun están pendientes mantienen el Gobierno de coalición intacto, por el momento

Hernández ha señalado como “línea roja” una “financiación irregular del Partido Socialista” y ha asegurado que Sumar ya está pidiendo explicaciones al PSOE. En paralelo, ha afirmado que las investigaciones abiertas “no tienen nada que ver” con su formación y que están “absolutamente limpios” en materia de corrupción. Por su parte, el Ejecutivo mantiene una defensa cerrada respecto a Zapatero. El mismo mensaje trasladan los aliados más estables del Gobierno en el Congreso, que reclaman “prudencia” hasta que el mismo expresidente dé explicaciones en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio.

El deterioro político, aun así, ya se nota entre los socios. El temor en esos partidos es que una recta final agónica de la legislatura acabe penalizando a quienes sostengan hasta el último momento al Ejecutivo socialista, y por eso todos han elevado la exigencia pública de explicaciones. Mientrastanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de capitalizar ese nerviosismo con la idea de una moción de censura “instrumental”, aunque no tiene los votos.

La presión del PP busca sobre todo al Partido Nacionalista Vasco y a Junts per Catalunya, dos formaciones que han expresado malestar por la acumulación de causas judiciales y por los compromisos de legislatura aún pendientes. La formación vasca llegó a sostener esta semana que era “irresponsable” prolongar la legislatura más allá de 2026. En el caso de Junts, sigue pendiente el retorno de Carles Puigdemont, que aún no se ha materializado pese a que la ley de amnistía fue avalada hace meses por el Tribunal Constitucional y por el Abogado General de la Unión Europea.

Pese al malestar, esos partidos no creen que el procedimiento judicial haya “traspasado las líneas rojas”, tal y como publicó ayer Infobae, que justificarían una ruptura. Esos límites siguen siendo los mismos que ya fijaron cuando estalló el caso Cerdán: una implicación directa del Gobierno o la aparición de indicios de financiación irregular.