Un juzgado de Málaga declara nula la letra pequeña de los hospitales privados: “Le aplicaron un tratamiento anestesiado y luego le pasaron la factura”

El Tribunal de Instancia número 4 de Málaga ha declarado nula la letra pequeña del contrato de admisión en hospitales privados que carga a los pacientes todos los gastos médicos que su seguro no cubre. La sentencia, fechada el 1 de abril de 2026, falla a favor de un paciente malagueño al que el Hospital Quirón de Málaga le intentaba cobrar 1.221 euros por un procedimiento al que no consintió y del que no le habían informado.

El hombre acudió al centro sanitario privado para una operación de tendón programada y que cubría enteramente su seguro. Durante la intervención y con el paciente ya anestesiado, los médicos le realizaron una inyección de ácido hialurónico que su seguro no cubría. El equipo médico no había informado al paciente de este paso del proceso ni había requerido su consentimiento, pero la realizaron igualmente. Al terminar el tratamiento, le pasaron una factura de 1.221 euros.

Ante el impago del hombre, el hospital llevó el caso a juicio argumentando que el paciente había aceptado hacerse cargo de estos gastos al ingresar al centro. Es una práctica común en todos los centros privados del país, explican desde la asociación El Defensor del Paciente, que obligan a aceptar a los pacientes con seguro una cláusula que reza: "El abajo firmante se hace responsable de la totalidad de los honorarios y gastos derivados de la asistencia prestada. Si la aseguradora no atendiera el pago de alguno de estos servicios, deberán ser abonados por el ingresado”.

“Lo que hace este hospital —y muchos otros en España— es inaceptable”, ha afirmado Francisco Damián Vázquez Jiménez, abogado encargado del caso. “Te ponen delante un documento en el mostrador de admisión, te dicen que lo firmes, y entre sus líneas se esconde una cláusula por la que asumes pagar lo que sea, sin límite, sin detalle, sin saber qué te van a hacer ni cuánto va a costar”, ha añadido.

“A mi representado le aplicaron un tratamiento mientras estaba anestesiado, sin posibilidad física de decir sí o no. Y luego le pasaron la factura. Si eso no es un abuso, que alguien me explique qué lo es”, ha aseverado. El letrado asegura que su representado presentó una reclamación formal ante el propio hospital antes de que lo demandaran. “El Hospital Quirón no contestó ni una sola vez a esa reclamación. El desprecio al paciente fue absoluto. Tuvimos que llegar a juicio para conseguir justicia”, ha explicado.

Una cláusula abusiva y nula

Tras analizar el caso, el tribunal malagueño ha desestimado la demanda interpuesta por el centro privado, que tendrá que devolver al afectado los 1.221 euros más costas. El juez ha considerado que la legislación española obliga a los hospitales a informar con claridad y precisión a los pacientes sobre los servicios, procedimientos y sus eventuales costos antes de obtener su consentimiento y formalizar el contrato. En este caso, entiende que ha habido una “falta de información concreta y específica sobre los procedimientos médicos y su coste”.

Tal y como explica el magistrado en su fallo, no se entiende que el hospital no pudiese fijar “con exactitud” el coste total del procedimiento “puesto que, tratándose de una intervención quirúrgica programada, se considera posible, a priori, determinar, en la medida en que se conoce cuál es el procedimiento a seguir, los gastos que el mismo puede originar en función de distintas variantes”. “Debería haberse al menos informado de la posibilidad de incurrir en gastos adicionales, y si se conoce su importe, extremo que tampoco se ha producido”, ha dictado el juez.

Vázquez Jiménez considera que “esta sentencia puede y debe cambiar la forma en que operan los hospitales privados en España”, obligando a estos centros a informar a sus pacientes cuando van a cobrarles por un procedimiento que su seguro no cubre. “Ahora los jueces lo están aplicando con toda su fuerza, pero los hospitales privados pasan la factura e incluso demandan a los pacientes ante los juzgados, como en este caso”, ha lamentado.

“La ley siempre protegió al paciente. Lo que ha cambiado es que cada vez más juzgados están aplicando esa protección con rigor. Y los hospitales tendrán que adaptarse o seguir perdiendo juicios y pagando costas“, ha valorado Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente.

“Este no es un caso aislado. Esto ocurre cada día en hospitales de toda España. Los pacientes no son clientes a los que se puede cobrar por sorpresa. Son personas vulnerables que merecen respeto, información y honestidad. Cuando un hospital falla en eso, la justicia debe actuar“, ha recordado Vázquez Jiménez. Ante casos similares, la organización recomienda a los afectados que se nieguen a pagar las facturas sin asesoramiento jurídico y que guarden toda la documentación relativa a su ingreso para poder presentar una reclamación escrita ante el centro. Aconsejan, además, consultar con un abogado especialista en Derecho sanitario.