Jugarse la vida en una patera, pedir asilo y quedarse sin pasaporte: la lucha de Abdou por sobrevivir en Canarias

Como tantos otros migrantes que han llegado en los últimos meses al archipiélago, Abdou Gueye se vio obligado a dejar Senegal después de que la pesca de grandes buques extranjeros terminara con su trabajo. Espera que la policía española le pueda devolver pronto sus documentos para regularizar su situación

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Abdou llegó a Canarias en 2020 a bordo de un cayuco junto a su hijo. (Cedida)
Abdou llegó a Canarias en 2020 a bordo de un cayuco junto a su hijo. (Cedida)

Han pasado tres años, pero Abdou Gueye aún recuerda como si fuera ayer los nueve días de travesía que pasó a bordo de un cayuco hasta llegar a Tenerife. El fuerte viento y las olas, relata, impactaban en la precaria embarcación en la que viajaba junto a otras 120 personas, 35 de ellas menores de edad y entre las que se encontraba su propio hijo, mientras que a duras penas cocinaban arroz y cuscús. La mayoría de esos migrantes, como muchos de los que han llegado en los últimos meses a las islas Canarias, eran pescadores que habían perdido su trabajo en Senegal a consecuencia de la sobrepesca industrial y que, hartos de un país donde la inestabilidad política y económica parece no terminar nunca, decidieron arriesgar su vida en la peligrosa ruta canaria.

“Antes en Senegal la pesca era muy buena, se podía vivir de ello, pero ya no. Los barcos europeos y chinos se llevan todo, han chupado todos los peces”, dice Abdou en conversación con Infobae España, que asegura que llegó a estar una semana entera en el mar sin atrapar nada en sus redes.

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Abdou, que ahora tiene 58 años, llegó al muelle de Los Cristianos, al sur de Tenerife, en octubre de 2020, en plena pandemia. Pasó sus primeros cinco meses en un hostal gestionado por Cruz Roja, pero después de que su solicitud de asilo fuera denegada y ante el temor de ser devuelto a Senegal por las autoridades españolas, decidió dormir en la playa, junto a otros compatriotas. Fueron unas semanas “muy duras”, recuerda también ahora, porque el frío y la humedad le calaban cada noche hasta los huesos, por eso se muestra especialmente agradecido con Cáritas, que le ofreció entonces una plaza en uno de sus albergues y allí reside hasta el día de hoy.

Cayuco en el que Abdou viajó junto a otras 120 personas desde Senegal. (Cedida)
Cayuco en el que Abdou viajó junto a otras 120 personas desde Senegal. (Cedida)

La situación administrativa de este migrante es especialmente complicada porque la policía le retiró el pasaporte en 2020, cuando intentó ejecutar su devolución a Senegal, y aún no lo ha recuperado pese a que ha recurrido. “Ahora mismo hay pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo que señalan que mientras él presente recurso, puede mantener los mismos derechos como solicitante de asilo”, más aún teniendo en cuenta la situación tan complicada que vive Senegal, explica a este medio Loueila Mint El Mamy, la abogada experta en materia de migración que está ayudando a Abdou en este proceso. Por ello, añade la experta, han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo.

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Sin pasaporte, lamenta Abdou, no puede regularizar su situación, “ni conseguir trabajo ni enviar dinero a su familia”, pues su esposa y otros cinco hijos, además de sus hermanos y hermanas, siguen viviendo en Senegal con muchas dificultades. Da gracias, eso sí, a que el hijo que le acompañó en el cayuco, que ahora tiene 19 años, está trabajando en un hotel de Tenerife y puede ayudar a la familia. “Menos mal que él puede trabajar con un contrato”, dice aliviado.

Como no confía en que la situación en Senegal vaya a mejorar, este migrante espera recuperar pronto su pasaporte para poder trabajar en Canarias y así tener una vida con mejores posibilidades.

Por su parte, el Gobierno de España ha “reforzado” el dispositivo que tiene en el país africano, en el que participan 38 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuatro embarcaciones, un avión de apoyo y drones para controlar y detectar la salida de cayucos hacia las islas, si bien las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de los migrantes ya han advertido que esas medidas no servirán para frenar los movimientos migratorios.

CEAR reclama un reparto equitativo

Las llegadas de migrantes durante este año a Canarias han batido récords y ya son más de 32.000 las personas que han realizado la peligrosa travesía por el Océano Atlántico hasta el archipiélago. De hecho, esa cifra supera a la de las llegadas de la denominada “crisis de los cayucos” en 2006, año en el que en buena medida comenzó a construirse la red de acogida humanitaria en España.

A diferencia de otros años, este han sido especialmente numerosas las llegadas de menores no acompañados, de forma que el Gobierno de Canarias es responsable en la actualidad del cuidado y tutela de alrededor de 5.000 menores.

Decenas de migrantes llegan en un cayuco el pasado mes de octubre. (Europa Press)
Decenas de migrantes llegan en un cayuco el pasado mes de octubre. (Europa Press)

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado este martes “solidaridad y corresponsabilidad de manera permanente” entre todas las comunidades autónomas para que haya un reparto “equitativo” de los migrantes, pues el repunte ha obligado al Gobierno a acelerar su traslado a la península para descongestionar los centros de primera acogida en el archipiélago, lo que también ha provocado mensajes racistas de diversos dirigentes políticos del Partido Popular y el ultraderechista Vox.

Por ello, CEAR también ha pedido responsabilidad política para que no se propaguen esos mensajes de odio ante los traslados. “Nos preocupa enormemente el racismo, la xenofobia y la islamofobia en algunos mensajes de representantes políticos que ponen en peligro la convivencia y la cohesión social”, ha denunciado la directora general de la organización, Estrella Galán, en un comunicado. Asimismo, CEAR reclama una “respuesta ágil y garantista” que permita ampliar la capacidad del sistema de acogida y asegurar la identificación de personas con necesidades de protección, además de garantizar una estructura “estable y digna” de acogida humanitaria.

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