La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

El 90% de las constructoras españolas ya nota un impacto económico de intensidad media o alta en su actividad por la guerra en Oriente Medio, según un informe presentado este martes por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) durante su Asamblea General. La patronal advierte de que, si el conflicto se prolonga, la viabilidad de nueve de cada diez firmas del sector quedará en entredicho.

Según las compañías encuestadas para el estudio, solo un 3% de las empresas ha logrado renegociar sus contratos, mientras que el 56% lo intentó sin éxito. Un 15% adicional sigue en proceso de negociación. Esa incapacidad para trasladar los sobrecostes a los contratos firmados explica por qué cuatro de cada cinco constructoras los asumen íntegramente, con consecuencias directas sobre su actividad y su plantilla.

Más del 60% de las constructoras ha registrado alzas superiores al 20% en el precio de los carburantes, y una de cada cuatro sitúa ese incremento por encima del 30%. Según la encuesta, los costes totales han subido cerca de un 15% para la mayoría de las empresas del sector. En cuanto al coste eléctrico, el 85% de las compañías consultadas acusa incrementos de hasta el 20% en su factura energética, una cifra que adquiere especial relevancia al considerar que la energía representa aproximadamente el 40% de los costes de producción en actividades intensivas en maquinaria, tanto en obra pública como en edificación residencial. Las empresas que trabajan con betunes y emulsiones asfálticas se enfrentan a una presión aún mayor: casi el 80% señala que el encarecimiento de esos materiales ha disparado sus costes más de un 20%, y casi la mitad supera el 30%.

Recorte de actividad y riesgo para el empleo

El 56% de las constructoras reconoce haber reducido ya su actividad o estar valorando hacerlo próximamente. El 19% estudia reducir plantilla, mientras un 3% adicional lo ha hecho ya, y entre quienes descartan esa opción, el 60% admite que la escasez de mano de obra es el principal freno para no hacerlo.

La CNC subraya que todo esto ocurre en un momento en que España necesita ampliar la oferta de vivienda y acelerar la construcción de infraestructuras. La patronal lleva tiempo advirtiendo de que la falta de adaptación de los contratos públicos a los precios reales del mercado provoca retrasos, ralentización de proyectos e incluso abandono de obras.

Las dos reformas legales que reclama el sector

Ante esta situación, la patronal ha trasladado al Gobierno dos peticiones concretas. La primera, ayudas específicas para la construcción similares a las ya aprobadas para el transporte y la agricultura. La segunda, una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y habilitar mecanismos automáticos de revisión de precios.

Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, insiste en que la situación “ya es una de las principales causas del deterioro de la contratación y que tanto afecta a las pymes y sus trabajadores”. El 90% de las constructoras advierte de que su viabilidad puede verse comprometida si no se adoptan medidas antes de que el shock energético se agrave. En esta línea, Fernández Alén lamenta que el sector “es especialmente sensible a la espiral inflacionista derivada de la crisis energética, lo que podría frenar obras tan determinantes como las de vivienda o infraestructuras estratégicas”.