Red Eléctrica ha presentado su plan “antiapagones”, para evitar otro episodio como el vivido el 28 de abril de 2025. La compañía ha anunciado medidas para reforzar la red y evitar futuros apagones o problemas de estabilidad. El operador ha trasladado estas propuestas a la CNMC y al Ministerio para la Transición Ecológica. En un contexto marcado por las energías renovables, la compañía sostiene que el sistema necesita nuevas herramientas y normas para adaptarse a esta transformación.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, defendió durante la Junta General de Accionistas que el operador actuó correctamente antes, durante y después del incidente. Según explicó, los informes oficiales publicados hasta ahora respaldan la tesis de que se trató de un episodio “inédito, imprevisible y multifactorial”. Además, recordó que la compañía ya ha presentado alegaciones al expediente sancionador abierto por la CNMC tras lo ocurrido.
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El nuevo plan incluye medidas técnicas destinadas a mejorar la capacidad de análisis y supervisión del sistema eléctrico, como nuevos requisitos mínimos de monitorización o procedimientos específicos para que las empresas remitan información al operador cuando se produzcan incidencias. También se plantea una revisión de los servicios de ajuste y de los mecanismos de restricciones técnicas para adaptarlos a las nuevas necesidades derivadas del peso creciente de las renovables.
Otra de las cuestiones clave es la coordinación entre la red de transporte y las redes de distribución. Red Eléctrica considera que la creciente entrada de instalaciones renovables obliga a establecer procedimientos más precisos para evitar tensiones o desequilibrios. El operador ya había abierto a finales de abril una consulta pública sobre sistemas de amortiguamiento de oscilaciones, control de tensión y requisitos técnicos de inyección de potencia a la red.
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El coste económico de las medidas extraordinarias
La compañía reconoce que algunos de los problemas detectados el 28 de abril estuvieron relacionados con ámbitos especialmente sensibles, como las oscilaciones adversas, las sobretensiones o las desconexiones automáticas de instalaciones. Por ello, las nuevas medidas buscan mejorar el control sobre las variaciones de tensión y reforzar la estabilidad general del sistema. Según los datos aportados por la propia empresa, a 30 de abril había ya 14,5 GW prestando servicio de control de tensión mediante consignas, de los cuales 6 GW correspondían a energías renovables.
Red Eléctrica también ha puesto cifras al impacto económico de las medidas extraordinarias aplicadas hasta ahora. La llamada “programación reforzada”, utilizada para aumentar la seguridad del sistema tras el incidente, ha supuesto un coste acumulado de 711 millones de euros, equivalente al 2% de los costes totales del sistema eléctrico. La empresa defiende que, una vez se implementen las nuevas medidas y exista mayor seguridad jurídica y técnica, ese mecanismo podrá eliminarse progresivamente.
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Durante la junta, tanto Corredor como el consejero delegado, Roberto García Merino, insistieron en el papel estratégico del operador del sistema eléctrico, conocido como TSO. Según explicaron, este modelo permite garantizar una gestión neutral y eficiente de la red, algo especialmente importante en un momento de fuerte transformación energética e industrial. El sistema español, creado en 1985, ha servido además como referencia para otros países europeos.
Nuevo plan, nuevas inversiones
En paralelo a estas reformas técnicas, Redeia anunció el mayor ciclo inversor de su historia. El nuevo Plan Estratégico hasta 2029 contempla una inversión media anual un 70% superior a la del anterior plan. El objetivo es acelerar el desarrollo de la red eléctrica y ejecutar la próxima planificación energética.
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Según explicó García Merino, la inversión prevista asciende inicialmente a 13.100 millones de euros, de los cuales 11.100 millones estarían ya en servicio o en ejecución en 2031. Plan estratégico y expansión de infraestructuras marcarán los próximos años del sistema eléctrico español.
La junta de accionistas también aprobó el reparto de un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de 2025. De esa cantidad, 0,20 euros ya fueron abonados el pasado enero, mientras que el dividendo complementario de 0,60 euros se pagará el próximo 1 de julio. Mientras tanto, el sector energético sigue pendiente de cómo evolucionará la regulación y de si las nuevas medidas serán suficientes para evitar que episodios como el del pasado abril de 2025 vuelvan a repetirse.
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