Radiografía de las solicitudes de discapacidad en España: aumentan los casos de TEA y TDAH en menores y las peticiones por dependencia en mayores

Un nuevo estudio sobre las solicitudes de discapacidad en España, elaborado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y el Real Patronato sobre Discapacidad, revela que la demanda es hoy más diversa y compleja, al tiempo que los profesionales identifican un mayor peso de problemas de salud mental y neurodesarrollo.

Según el informe, la tradicional imagen de la discapacidad asociada a personas con limitaciones físicas evidentes y de nacimiento ha quedado relegada, de forma que los equipos de valoración gestionan un volumen creciente de solicitudes tanto de personas adultas y mayores, como de menores y adolescentes. El estudio también indica que las condiciones del neurodesarrollo, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y las dificultades de aprendizaje, se han multiplicado por cinco en valoraciones pediátricas en algunas comunidades respecto a hace diez años.

En varias regiones del país el perfil más frecuente de solicitante corresponde a personas mayores de 65 años, una tendencia se relaciona con el aumento de situaciones vinculadas a la dependencia, la movilidad reducida y enfermedades multisistémicas características del envejecimiento. No obstante, el salto generacional también se refleja en la infancia, donde la demanda ha crecido de forma vertical, impulsada por nuevas realidades diagnósticas y mayor conocimiento de derechos.

Un aspecto destacado por los autores del estudio es la irrupción de la salud mental en las valoraciones. Según el reporte, la pandemia del Covid ha acelerado el incremento de casos relacionados con trastornos psicológicos y situaciones de difícil clasificación. Los profesionales advierten que perfiles considerados “invisibles” hasta hace pocos años, ahora resultan habituales en los expedientes de reconocimiento de discapacidad.

A qué responde el aumento de solicitudes

El informe señala que el aumento de solicitudes tiene una explicación social relevante: el reconocimiento de la discapacidad se ha consolidado como vía de acceso a recursos educativos, apoyos laborales y prestaciones económicas. La ciudadanía conoce mejor los mecanismos administrativos y existen más canales para formalizar el proceso, lo que ha ampliado el espectro de condiciones reconocidas.

Los equipos profesionales también coinciden en que el trabajo se ha vuelto más exigente. El estudio refleja una mayor presencia de casos mixtos, donde coinciden deficiencias físicas, deterioro cognitivo, trastornos del desarrollo y problemas de salud mental. Esta realidad, añade el informe, requiere reforzar la formación, destinar más tiempo por expediente y mejorar la coordinación entre disciplinas, en especial para valorar dimensiones como la participación social o el impacto de las barreras del entorno.

El Real Decreto 888/2022 introdujo el modelo biopsicosocial en el proceso de valoración, integrando factores contextuales y de oportunidad, además de las deficiencias físicas o psíquicas. Sin embargo, los equipos reconocen que la dimensión médica aún predomina en la práctica diaria. Por todo ello, el estudio plantea la necesidad de reforzar los recursos humanos, la formación continuada y las herramientas de registro para lograr mayor uniformidad en la evaluación y el acceso a derechos en todo el país.

Diferencias entre comunidades autónomas

Aunque existe un marco normativo estatal común, la ejecución de los procesos de valoración y reconocimiento de la discapacidad corresponde a las comunidades autónomas. El estudio destaca que las grandes diferencias entre regiones en tiempos de respuesta, criterios y resultados administrativos persisten como uno de los principales retos, por lo que se insta a avanzar hacia "un sistema más inclusivo, homogéneo y centrado en la persona, que garantice la equidad y la atención adecuada sin importar la edad, el tipo de condición o el lugar de residencia".

La edad media de los solicitantes varía entre los 49 años de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, y los casi 62 años de Islas Baleares, Asturias, Galicia y Castilla y León, autonomías donde predomina la población de mayor edad.

En la mayoría de las comunidades, el grupo de edad con más solicitudes es el de 35 a 64 años, con especial peso en el País Vasco, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, en regiones como Baleares y Galicia, destaca el alto porcentaje de personas de 80 años o más entre los solicitantes, mientras que en Asturias y Castilla y León es especialmente relevante el grupo de 65 a 79 años.

La presencia de menores de 18 años en las solicitudes es más significativa en Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña, y más baja en Castilla y León, Asturias y Cantabria. El grupo de 19 a 34 años tiene una representación menor en casi todas las comunidades, con Andalucía a la cabeza.

En cifras absolutas, Cataluña presenta el mayor número de solicitudes en casi todos los grupos de edad y registra el volumen total más alto de casos, seguida por Andalucía y Madrid.