La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

La Organización de Naciones Unidas ha remitido en una comunicación oficial remitida el 18 de febrero de 2026 al Gobierno de España, en la que muestran su “seria preocupación” ante la ausencia de investigación judicial en 18 casos tramitados ante tribunales españoles al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática por crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición.

El escrito está firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y viene en respuesta a un comunicado presentado por las entidades de derechos humanos Irídia y CEAQUA.

Los firmantes consideran que se está obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo. “En tal sentido, recordamos que mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período franquista, estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, aseguran en ese sentido.

Los obstáculos de la Ley de Amnistía de 1977

El documento también versa sobre la persistencia de obstáculos como como la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción y una interpretación restrictiva del principio de legalidad penal, a pesar de la entrada en vigor en 2022 de la nueva Ley de Memoria Democrática.

“Por su parte, recordamos que, si bien es importante asegurar que la justicia opere con respeto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías, a los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos”, recuerdan.

También recuerdan que la falta de investigación y sanción adecuada de las graves violaciones de derechos humanos, y el incumplimiento de esas obligaciones por parte de las instituciones pertinentes, incluidas las judiciales, está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español en su conjunto.

18 casos denunciados desde la Ley de Memoria Democrática

Estas dos asociaciones presentaron dicha comunicación conjunta el pasado mes de diciembre ante el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, denunciando la responsabilidad internacional de España por la falta de investigación judicial efectiva de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.

En esta incluyeron 18 casos denunciados tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, 17 querellas interpuestas ante Juzgados y Tribunales españoles y una denuncia presentada ante la Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

En respuesta, la ONU insta al Gobierno español a proporcionar información detallada sobre las querellas indicadas y a justificar cómo las decisiones judiciales de archivo se ajustan a los estándares internacionales. Asimismo, le insta a adoptar medidas que garanticen investigaciones eficaces, independientes y exhaustivas, a fin de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, y de ofrecer un recurso adecuado a las víctimas.

En su respuesta, el Estado confirma que los tribunales archivan estas causas aplicando la doctrina constitucional sobre prescripción, la Ley de Amnistía y los principios de legalidad e irretroactividad penal. También reconoce que no dispone de datos desglosados sobre las cuestiones planteadas y no justifica el cumplimiento del derecho internacional, limitándose a destacar el papel del Ministerio Fiscal en su intervención judicial contra los archivos.