La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

Una delegación del Parlamento Europeo concluyó este miércoles que la creciente polarización política y las tensiones sobre la gobernanza judicial en España amenazan la confianza pública en las instituciones, tras analizar la situación durante una visita en febrero, según el informe presentado por la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Las conclusiones del informe presentado en el Parlamento destacaron que pese a que el Estado de derecho en España funciona sobre bases “estructuralmente sólidas”, persisten tensiones institucionales recurrentes. El dato diferencial lo constituyó la identificación de más de 120 reales decretos-ley aprobados desde 2018, cifra sin precedentes en periodos democráticos similares, lo que según los eurodiputados podría limitar la deliberación parlamentaria y debilitar los controles institucionales.

El informe situó la gobernanza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el punto de divergencia central al subrayar que el actual sistema, en el que el Congreso elige a todos sus miembros, sigue generando debate y poniendo en cuestión la independencia judicial. Los estándares europeos recomiendan que al menos la mitad de los integrantes sean designados por los propios jueces, una exigencia aún pendiente en el sistema español.

Récord en el uso de decretos ley en democracia

La misión resaltó las posibles consecuencias del uso reiterado de los reales decretos ley, advirtiendo que la frecuencia -más de 120 desde 2018- constituye el mayor registro conocido desde la transición democrática. Este mecanismo extraordinario, según la delegación del Parlamento Europeo, puede limitar el papel asesor de los órganos judiciales y consultivos, volcándose sobre la toma de decisiones ejecutivas y debilitando los contrapesos institucionales.

El documento recogió que la percepción de la corrupción en España ha retrocedido hasta su nivel más bajo desde 2012, según datos de Transparencia Internacional citados por los eurodiputados. Este retroceso reflejó una preocupación pública en aumento por la integridad y la rendición de cuentas en la administración pública.

Independencia judicial y libertad de prensa

La delegación identificó como principales desafíos para el Estado de derecho la politización de la justicia, las tensiones entre el Gobierno y los órganos de control constitucional, y las presiones sobre medios públicos como RTVE. El informe señaló la persistencia de “interrogantes” sobre los recursos y la autonomía de la Fiscalía, junto con los riesgos de vulneración editorial en RTVE, incluyendo el uso de formatos que difuminan la línea entre información y comentario político.

Cinco eurodiputados firmaron el informe: Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades; Jorge Buxadé (Vox); la holandesa Raquel García Hermida-van der Walle (Renew); Alessandro Zan (Socialistas y Demócratas) y la belga Assita Kanko (Conservadores y Reformistas).

Durante la misión, los eurodiputados constataron que la frecuencia de bloqueos y retrasos en la tramitación parlamentaria en el Senado “corre el riesgo de menoscabar el papel constitucional” de la cámara territorial. Además, subrayaron que salvaguardar la transparencia legislativa y el equilibrio entre gobierno, parlamento y órganos de control será fundamental para mantener la resiliencia del sistema democrático español.

En su análisis sobre derechos y no discriminación, la delegación de la Eurocámara puntualizó que no identificó alegaciones de retroceso legislativo ni incumplimiento de los estándares de la Unión Europea en materia de igualdad, derechos LGTBIQ+ o derechos de las mujeres.

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