Arranca la cuarta semana de huelga de las trabajadoras de escuelas infantiles, que piden lograr llegar a fin de mes: “Una sola persona tiene que atender a ocho bebés”

Este lunes empieza la cuarta semana de protestas de las trabajadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), con el apoyo del sindicato CGT, convocó una huelga indefinida en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid el pasado 7 de abril y no piensa abandonarla hasta que se cumplan sus peticiones. La movilización busca denunciar la falta de atención institucional hacia el primer ciclo de Educación Infantil y reclamar mejores condiciones laborales para sus profesionales. Entre las principales demandas, se encuentran la reducción de ratios por educadora y una subida salarial. Actualmente, la mayoría cobra el salario mínimo interprofesional (SMI).

El Real Decreto 132/2010, que fija actualmente los límites de alumnos por aula en Educación Infantil, establece un máximo de ocho menores de un año por maestra; entre diez y catorce para el tramo de uno a dos años, y hasta veinte en el de dos a tres años. Rosa Marín, portavoz de PLEI, explica a Infobae que, tras la promesa del Ministerio de Educación de estudiar una bajada de las ratios en este ciclo, sus energías se concentran ahora en la Comunidad de Madrid, de la que dependen sus sueldos y sus condiciones. En esta región, la mayoría de centros de titularidad pública son gestionados por empresas privadas a través de conciertos públicos que no garantizan que las educadoras y maestras puedan llegar a fin de mes.

El Ministerio de Educación abrió una mesa de trabajo estatal -que incluye a la PLEI- para revisar la normativa, pero la negociación sobre sueldos y condiciones depende de la Comunidad de Madrid, que deja a esta plataforma fuera de las conversaciones. “Con el Ministerio, las negociaciones han sido positivas. Empezamos ahora, antes de verano, para el mes de mayo, con las mesas de trabajo en las que nos deja participar para esta normativa a nivel estatal. Así que de momento lo damos por zanjado y esperamos que transcurra en las condiciones que debe transcurrir. Y si no, volveremos al Ministerio”, detalla.

A nivel autonómico, el escenario es diferente: “De la Consejería, de momento no sabemos nada. Se reunió la semana pasada con los sindicatos mayoritarios y para hablar sobre posibles mejoras, por lo que he leído en prensa. Para ella, los únicos que tienen legitimidad son los sindicatos, pero a nosotros la legitimidad nos la da nuestra gente en la calle y nos la da esta huelga indefinida”, denuncia Marín. Por ello, el comité ha solicitado una mediación formal a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid para que convoque una reunión.

Las diferencias entre centros municipales y autonómicos son una de las claves del conflicto. Marín detalla que, durante la etapa municipal de Manuela Carmena, el Ayuntamiento mejoró las condiciones: “Se bajaron ratios, se creó la figura de pareja educativa en cada aula y se impuso un salario un 20% por encima del convenio. Cuando cambió el Gobierno, la calidad para las familias se mantuvo, pero las subidas del salario mínimo absorbieron ese plus y las condiciones para las trabajadoras empeoraron”. En las escuelas de la Comunidad, gestionadas de forma indirecta, se mantienen las ratios máximas y los sueldos apenas superan el salario mínimo. “Yo ahora soy maestra en una escuela infantil del Ayuntamiento y gestiono un equipo, y a mí me llegan a mi bolsillo 1.270 euros. Cuando estaba de educadora, me llegaban 1.003 euros”, denuncia Marín.

“Vivir así es muy lamentable”

La portavoz dibuja un esquema muy claro. Con estas cifras y la realidad inmobiliaria de la región, sobreviven. “Vivir así es un infierno. Yo porque tengo la casa pagada y tengo la herencia de mi padre y voy tirando de ella, pero solvente económicamente no soy. Las que pagan alquiler están peor. No enciendo la calefacción en invierno, me apaño como puedo. Y es que, trabajando las horas que trabajamos, con la responsabilidad que tenemos, la formación y el trabajo que desempeñamos, vivir así es muy lamentable”.

Paula (nombre ficticio para preservar su identidad), educadora en una escuela municipal, describe una situación similar: “Estoy cobrando 1.050 euros al mes en 14 pagas. Pago un alquiler de 550 euros en Aranjuez y tengo que desplazarme a diario hasta Madrid. La mayoría de mis compañeras solo pueden vivir gracias al apoyo de sus parejas o familiares, y muchas tienen un segundo trabajo, en gimnasios, limpiezas o extraescolares”. Paula, en conversación con este periódico, explica que sigue la huelga porque necesita que su situación y la de todas sus compañeras cambie. “En la mayoría de escuelas no hay pareja educativa. Una sola persona tiene que atender a ocho bebés de cero a un año. Es una situación que no se puede sostener”.

Las consecuencias físicas y emocionales son recurrentes en los relatos del sector. “Tengo compañeras con lesiones de espalda, hernias y problemas de salud por el esfuerzo físico. Es un trabajo que te marca para toda la vida”, indica Marín. “A nivel mental, muchas estamos desbordadas. Gestionar a tantos menores sin recursos te deja agotada, y luego esa carga se traslada a casa”.

La vocación y la formación tampoco se traducen en reconocimiento social ni económico. “Parece que porque nos gusta nuestro trabajo, tenemos que conformarnos con sueldos bajos y precariedad”, apunta Paula. Las trabajadoras insisten en que su labor “no es solo cuidar, es educar desde el primer día, acompañar a las familias y trabajar con autonomía, autoestima y respeto”. La reivindicación de la educación a través de los cuidados es una constante. “No se trata de una medida de conciliación para las familias, sino de un derecho de la infancia a recibir una educación de calidad”, subraya la portavoz de la plataforma.

Un precedente para decir basta

Pero, ¿por qué ahora? Porque han visto que se puede y que en otras comunidades autónomas lo han conseguido. “Tenemos la mirada puesta en el precedente de las compañeras de Mallorca y de Navarra, donde, tras un proceso bastante complicado, consiguieron la pareja educativa y una mejora salarial bastante significativa”, explica Paula.

El seguimiento de la huelga varía por centro y depende de la titularidad y la gestión. En las escuelas municipales, la mayoría de las educadoras secundan los paros, aunque están obligadas a cubrir servicios mínimos. En los centros privados y los de gestión indirecta, el miedo a represalias y el temor al despido dificultan la movilización. “En mi escuela la mayoría estamos en huelga, pero en la Comunidad muchas compañeras no pueden permitirse no trabajar o temen perder el empleo”, explica Paula.

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles reclama una reducción inmediata de las ratios, un aumento de la inversión pública y la apertura de un proceso de diálogo en el que participen las educadoras. Las demandas incluyen la mejora de los salarios, la garantía de condiciones dignas y el reconocimiento de la función educativa y social que desempeñan en la primera etapa de la infancia. Mientras las negociaciones no avancen, las escuelas de la Comunidad mantienen los servicios mínimos y la movilización continúa. “Que Ayuso y Almeida se pongan las pilas, que no vamos a parar y vamos a seguir en las calles, porque estamos teniendo muy buena respuesta de las compañeras y muy buena respuesta de la sociedad, que empieza a darse cuenta de cómo estamos”, avisa Marín.