Cuatro de cada diez desempleados en España se encuentra en riesgo de pobreza, según el último informe sobre exclusión social y económica elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Universidad de Alicante. El dato, recogido en el estudio dirigido por Carmen Herrero, sitúa a la falta de empleo como uno de los principales factores asociados a la vulnerabilidad económica, por encima incluso de otras variables estructurales como el nivel educativo, la edad o el género.
El informe, basado en los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), identifica que más de el 40% de las personas en situación de desempleo en 2023 tenía ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional, el umbral utilizado para definir el riesgo de pobreza. Esta proporción se mantiene más o menos estable desde 2015, según el documento, a pesar de la recuperación económica registrada tras la crisis financiera y los efectos de la pandemia de covid-19.
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La investigación del Ivie y la Universidad de Alicante resalta que el desempleo prolongado y la insuficiencia de las prestaciones sociales son dos de los elementos que más inciden en la cronificación de la pobreza. En 2023, el 22% de las personas en riesgo de pobreza en España eran parados, una proporción que apunta a una tendencia descendente desde el 33,3% registrado en 2019. Sin embargo, la tasa varía significativamente en función de la comunidad autónoma. En Andalucía, este colectivo representa el 27,6% del total y en Asturias o País Vasco también supera el 25%. Esta cifra se reduce al mínimo en Galicia y Aragón, con un 14,7% en ambos casos.
Tener empelo no elimina el riesgo de pobreza
Pese a la correlación entre el desempleo y el riesgo de exclusión social, la publicación subraya que la pobreza no afecta únicamente a quienes carecen de trabajo. Alrededor de un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España dispone de algún tipo de empleo, aunque muchas veces con salarios bajos o inestables. El informe advierte de que, entre los asalariados que perciben menos del salario mínimo interprofesional, la probabilidad de caer en pobreza aumenta de modo significativo. Además, la situación de los parados es especialmente crítica en los hogares monoparentales y en aquellos con menores a cargo, donde los ingresos disponibles resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
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Aunque en el conjunto del país un 32% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas, también hay fuertes diferencias entre regiones en este caso, con tasas que superan el 45% en las Islas Baleares pero caen hasta el 28,1% en Canarias.
En general, tanto los ocupados como los jubilados presentan una probabilidad similar de caer en riesgo de pobreza, situada en torno al 15%, muy por debajo de las cifras estimadas para los desempleados. Por comunidades, Andalucía lidera en la proporción de ocupados en riesgo de pobreza, que se aproximó al 20% en 2023, mientras que en Extremadura superó el 16%. Por el contrario, en País Vasco y Navarra, contar con empleo prácticamente asegura no encontrarse en situación de riesgo de pobreza.
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El alcance desigual de la protección social
En cuanto al acceso a las prestaciones públicas, elemento clave en la lucha contra la exclusión social, la cobertura es desigual entre territorios y grupos sociales. La tasa de cobertura de las rentas mínimas de inserción apenas supera el 1% de la población en la mayoría de las comunidades, salvo en Navarra y País Vasco, donde alcanza el 5% y el 6% respectivamente. El documento apunta que la introducción del Ingreso Mínimo Vital, aún con dificultades de acceso, no ha compensado completamente las carencias del sistema previo.
El análisis por edades muestra que los menores de 18 años presentan tasas de riesgo de pobreza y exclusión superiores al 30% en varias comunidades autónomas, destacando como uno de los colectivos más afectados. Los jóvenes también enfrentan tasas elevadas, que comprometen sus oportunidades de desarrollo y emancipación.
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Por el contrario, la situación de las personas mayores de 65 años ha mejorado: en gran parte de España, la tasa de riesgo de pobreza para este grupo es notablemente inferior a la media nacional. El informe lo atribuye a dos factores principales: la estabilidad en el pago de pensiones y el alto porcentaje de mayores que poseen vivienda en propiedad, lo que reduce su vulnerabilidad frente a aumentos en el costo de la vida o pérdidas de ingresos
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