Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

La petición de adelanto electoral de Junts per Catalunya enciende las alarmas entre los socios de Gobierno, que ya dan casi por perdido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda iniciar el exigido “acelerón” de la legislatura por su situación de bloqueo parlamentario. Sánchez ha repetido hasta la saciedad que su idea es agotar la legislatura y su compromiso de cumplir con todos los asuntos pendientes antes de convocar elecciones es “total y absoluta”. Pero el jefe del Ejecutivo de coalición, pese a mostrarse como un experto superviviente y de presumir de un gobierno negociador, todavía no da con la tecla para revertir el divorcio con los de Puigdemont.

El estallido de la guerra en Irán ha permitido al presidente disipar del primer plano mediático su situación parlamentaria e incluso le permitió justificar el retraso de algunos de los compromisos constitucionales, que el gobierno es incapaz de cumplir precisamente por su situación de minoría. El ejemplo más claro es la presentación del proyecto de presupuestos de 2027, que Sánchez prometió presentar antes de finalizar el primer trimestre del año. Su oposición a los planes de Donald Trump le ha servido, incluso, para remontar sus niveles más bajos de popularidad tras vivir meses marcados por los escándalos de corrupción y acoso sexual que salpicaron a miembros de su partido y de su confianza.

El Gobierno de coalición insiste en que ha estado trabajando, tanto por el ala socialista como por el de Sumar. No es casualidad que en los últimos meses Sánchez haya multiplicado sus gestos para tratar de remontar los deberes que no pudo —por falta de apoyos— y no quiso —porque no interesaba a nivel político— hacer durante la legislatura.

El último de ellos fue permitir la votación final de la ley de multirreincidencia, uno de los principales compromisos que salió adelante con los votos a favor del PP, PSOE, Vox, PNV y UPN. Existen otros, como la oficialidad del catalán en la UE, que ni siquiera dependen de la voluntad de España, pues dependen de una unanimidad entre los Veintisiete estados miembros. No hace falta decir que, después de dos votaciones fallidas en el Consejo de la UE, este tema figura entre los últimos en el actual panorama internacional.

Junts no forzará la censura, pero dejará que el Gobierno se asfixie

El bloqueo, no obstante, todavía sigue y dura seis meses. Seis meses en los que los socialistas han acumulado sonadas derrotas parlamentarias. Desde Moncloa son conscientes de que la formación posconvergente no forzará una moción de censura (porque eso significaría sumar votos con Vox), pero dan prácticamente por perdida una reconciliación. Y el resultado, a efectos prácticos, es el mismo: el acelerón legislativo es imposible.

Ese fue el mensaje que quiso reflejar el pasado miércoles la portavoz independentista, Míriam Nogueras, quien pidió al Ejecutivo que explicase los motivos para no convocar elecciones anticipadas. Desde el Gobierno han tratado de rebajar estas palabras, matizando que la oposición de Junts siempre ha estado allí. Pero lo cierto es que, por primera vez en la legislatura, la petición quedaba registrada en el acta del Congreso.

PNV y UPN piden explicaciones

Ahora es el PNV quien pide explicaciones. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, adelanta que aprovechará la sesión de control al Gobierno de este miércoles para preguntar al presidente cómo piensa aprobar todos los retos pendientes de la legislatura estando en minoría. Porque hay que recordar que los nacionalistas vascos supeditan su apoyo al compromiso que Sánchez adquirió con los jeltzales en su pacto de investidura.

Pero también el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, animará al presidente del Gobierno en la sesión plenaria a “reflexionar” y convocar ya las elecciones generales, sin esperar a julio de 2027.

Desde el ala progresista también crece el malestar por la continua influencia de Junts en la agenda del Gobierno, especialmente cuando los esfuerzos son en vano. Una tensión entre los socios que aumenta con el previsible fracaso del decreto de vivienda de Sumar, que escenifica que la ruptura ya no es solo con el PSOE.