
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que ve “posible” y “viable” llegar a un “acuerdo” con Junts que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, a pesar de que el partido de Miriam Nogueras ha señalado que votará en contra del decreto, al igual que lo rechazan PP y Vox, por lo que todo apunta a que la medida no saldrá adelante.
Bustinduy ha explicado en el programa La Hora de La 1 que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral. El ministro ha señalado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la “preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán”, según informa EFE.
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Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, “matizaciones aceptables” y “alguna medida fiscal” que Sumar no comparte, pero que “con la prórroga en vigor podría merecer la pena”, ha dicho. “Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”, ha confiado el ministro.
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Hasta el momento, tanto Junts como PP y Vox han rechazado la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. La formación independentista argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas. El partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler, mientras que los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios.
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Por otro lado, el ministro Bustinduy ya ha advertido en otras ocasiones del “coste social” que supondrá para el PP votar en contra de este decreto, que busca aliviar la situación de quienes enfrentan dificultades para mantener su vivienda en el actual contexto de encarecimiento de los alquileres. Además, el límite del 2% a la actualización anual de la renta impediría incrementos abusivos, lo que daría mayor estabilidad a los inquilinos.
(Con información de EFE)
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