Los 47,7 millones de euros decomisados a los narcos en cuentas y efectivo dejan unos ingresos récord en España tras subir un 171% en 2025

El narcotráfico mueve miles de millones de euros. En España, según los últimos datos del INE de 2022, la cifra alcanza los 8.222 millones. Nuestro país es punto de entrada de la cocaína que llega del otro lado del Atlántico y del hachís que procede de Marruecos. También se ha convertido en una de las mayores plantaciones de marihuana en Europa. El dinero que mueve la droga también se utiliza para combatirla. Desde mayo de 2013, el Estado utiliza los bienes decomisados a los narcotraficantes para perseguirlos (el control de la oferta) y para poner en marcha programas de prevención de toxicomanías y la inserción sociolaboral de los drogodependientes (la reducción de la demanda).

2025 fue un buen año para estos propósitos. Según el último informe de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del ministerio de Sanidad, el fondo que gestiona los bienes decomisados a los narcos obtuvo unos ingresos récord el año pasado: 47,7 millones de euros, un 172% más que lo obtenido en 2024. Se trata de dinero localizado en efectivo en operaciones policiales o embargado en cuentas corrientes a condenados por narcotráfico. Desde que hay estadísticas (1996) nunca había habido un ejercicio con tanto “líquido” incautado por las arcas públicas. Y eso que desde 1996 a 2025 la cantidad ingresada suma ya 473,9 millones de euros. A eso habrá que sumar lo que se podrá obtener si el Estado finalmente subasta los 1.405 bienes materiales decomisados a estos grupos criminales en 2025.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía sigue liderando el número de bienes decomisados. Es lógico. Sus costas y puertos constituyen la principal puerta de entrada de la cocaína y el hachís en España. De hecho, Andalucía es la única región que tiene en marcha un plan especial de seguridad contra el narcotráfico, que comenzó en el verano de 2018 y que ya va por su quinta edición. Desde entonces se han realizado 47.800 operaciones policiales. De los 51.000 bienes incautados desde que hay estadísticas en 1996, el 38% (19.424 bienes) proceden de Andalucía. Le siguen Madrid (el 14,8%) y Comunidad Valenciana (el 6,4%).

Los bienes que forman parte de este Fondo especial se clasifican, para su gestión, en varios tipos: vehículos (automóviles, camiones, furgonetas, motocicletas); inmuebles (pisos, chalés, locales comerciales, naves industriales, plazas de aparcamiento, trasteros, fincas rústicas...); embarcaciones (barcos de pesca o deportivos, lanchas, veleros, motores); aeronaves (aviones, helicópteros, drones); joyas (relojes de pulsera, adornos de oro, plata o piedras preciosas, monedas, etc.) y objetos (donde se incluyen todos aquellos decomisos no clasificados en alguno de los anteriores, como baratijas, quincalla, pequeños electrodomésticos, ropa, material audiovisual, teléfonos móviles, muebles, enseres...). En 2025 el Fondo gestionó 576 vehículos y 82 embarcaciones.

Menos inmuebles

Aunque el dinero obtenido ha batido todos los récords, lo que sí ha bajado notablemente es número de inmuebles decomisados. En 2025 solo fueron 31, cuand la cifra fue de 55 en 2024 y de 123 en 2023. Desde la Delegación del Gobierno del Plan sobre Drogas reconocen que gestionar este tipo de bien es “complejo”. En primer lugar, porque se trata de bienes de diverso tipo ubicados por todo el territorio nacional, siendo necesario el desplazamiento para realizar determinados trabajos y, en segundo lugar, porque, una vez decomisados, hay que llevar a cabo múltiples gestiones necesarias antes de proceder a la tasación y venta de los mismos: “la depuración física y jurídica; su inscripción registral a nombre del Estado; la preparación y presentación de la documentación tributaria que les sean de aplicación; el contacto con los administradores y pesidentes de las comunidades de propietarios informando del nuevo titular del bien; la apertura y el cambio de cerraduras de las viviendas; la investigación y, en su caso, depuración de las cargas que pesaran sobre los mismos...”

El Estado intenta sacar el mayor rédito económico de estos bienes. Por eso, ha mejorado las estadístcias de subastas que llegan a buen puerto. Si en 2023 solo consiguió colocar en el mercado el 8,4% de los bienes decomisados, en 2025 subió el ratio al 28,3%. “Esto se explica por la mejora en la eficiencia introducida con la realización de las subastas electrónicas”, explican desde el ministerio de Sanidad. Un sistema que comenzó en 2024. Aunque no es perfecto. En 2025 se preparó y convocó una subasta de 13 lotes de inmuebles. Sin embargo, un error en el plazo de publicación de la misma en el BOE motivó la presentación de un recurso contencioso administrativo que derivó en la suspensión de la subasta, que se espera poder repetir este año.

Desde esta Delegación del Gobierno recalcan “el incremento de los casos de ocupación ilegal de inmuebles decomisados. Estas ocupaciones son de forma muy habitual realizadas por los propios condenados en los procesos penales que supusieron el decomiso de las viviendas o por sus familias. Los procesos judiciales de desalojo son extremadamente largos, privando al Estado del producto de la venta de estos inmuebles, suponiendo un aumento de los gastos derivados de la propiedad estatal de los inmuebles y frustrando la ejecución de las sentencias en lo relativo a los decomisos”.

A pesar de este inconveniente, los pisos son los que más ingresos dan, por encima obviamente que embaraciones, joyas y vehículos. En 2025 se ingresaron 3,4 millones de euros tras subastar todo tipo de inmuebles, cuando los coches solo dejaron 1,5 millones y los barcos, otros 270.000 euros. Desde que hay estadísticas en 1996, el Estado ha ingresado 125,7 millones de euros tras subastar bienes de los narcos (5.205.932 euros en 2025). Por ejemplo, de los 18.924 vehículos decomisados en el periodo 1996-2025, un total de 4.784 fueron subastados. En el caso de las 2.830 embarcaciones incautadas, lo fueron 1.033. Aunque no todos los bienes se intenta vender. Algunos vehículos y embarcaciones pasan a formar parte de los equipos de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil para perseguir a los narcos. En 2025, en concreto, un barco y 87 vehículos. Su valor es de 437.000 euros.