
Frutas Diego Martínez, una empresa con sede en Barcelona y raíces en Lleida, ha sido sancionada con 8.002 euros tras detectar las autoridades el intento de vender varias toneladas de melocotones importados de Turquía como si fueran productos originarios del Bajo Cinca o Valdejalón. La empresa ha abonado ya la cuantía de la sanción, según ha informado Segre.
La infracción fue descubierta durante una inspección de la consellería de Agricultura de la Generalitat en Mercabarna realizada en agosto de 2024 tras una denuncia presentada por las organizaciones agrarias Uaga (Unión de Ganaderos y Agricultores de Aragón) y Unió de Pagesos. Las entidades alertaron sobre la comercialización de un lote de melocotón rojo etiquetado como procedente de Aragón, cuando en realidad su verdadero origen era turco.
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El informe de la inspección señala tres irregularidades principales. En primer lugar, la empresa no pudo acreditar la trazabilidad del producto. En segundo lugar, el etiquetado presentaba datos falsos sobre el origen y la variedad de fruta, además de omitir la dirección de la empresa expedidora. Por último, la documentación comercial presentada estaba incompleta, tanto en lo referente al origen como al destino de la mercancía.
Las cajas llevaban melocotones turcos, pero llegaban desde Aragón, según la empresa
A lo largo del proceso, la compañía Frutas Diego Martínez admitió que las cajas contenían fruta procedente de Turquía, si bien al mismo tiempo aseguró que el melocotón había llegado de Aragón. Según la empresa, los melocotones se habían recibido en cajas de cartón que no podían utilizar al no ser aptas para la distribución de la fruta contenida en ellas, si bien el deterioro del recipiente no había afectado al género.
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Frutas Diego Martínez e Hijos opera desde 1988 y cuenta con un capital social de 1,06 millones de euros. Su volumen de negocio ronda los cien millones de euros anuales, situándose entre los principales mayoristas de frutas y verduras de Mercabarna. La firma es propiedad del Grupo DM Inversiones, la family office de la familia Martínez, fundada en 2003 en Torres de Segre y actualmente con sede en Cambrils, que suma un capital de 3,27 millones de euros.
La imposición de la sanción se enmarca en una mayor presión por parte de las organizaciones agrarias para proteger a los agricultores y explotaciones familiares de la zona frutícola de Huesca. Uaga, especialmente activa en el territorio, ha intensificado su actuación frente a los abusos detectados en los últimos años, entre los que se encuentran impagos y sucesivas vulneraciones de la normativa comercial de productos agropecuarios.
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En las últimas semanas, fruticultores del Bajo Cinca han interpuesto más de treinta denuncias contra almacenes e industrias, señalando incumplimientos de plazos de pago, falta de contratos y, cuando se firman, ausencia de cálculos para evitar la venta a pérdidas. Estas reclamaciones afectan a explotaciones de cereza, ciruela, melocotón, pera, manzana y almendra. La inspección subrayó cómo la falta de documentación precisa y las deficiencias en el etiquetado dificultan garantizar que los consumidores reciban información veraz sobre el origen de los productos.
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