La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

El debate sobre la vivienda vuelve a situarse en el centro de la agenda política en España. A pocos días de que el Congreso vote la convalidación del decreto ley que incluye la prórroga de dos años en los contratos de alquiler, una amplia mayoría de ciudadanos respalda la medida. En concreto, el 73,6% de los españoles se muestra a favor de esta ampliación, según un estudio del Ateneo del Dato financiado por el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

El informe, encargado por la eurodiputada Estrella Galán, revela que el apoyo a la medida no solo es mayoritario, sino transversal. La encuesta apunta a que casi la mitad de los ciudadanos (48,7%) se replantearía su voto si el partido al que apoyan decidiera posicionarse en contra de esta prórroga en el Congreso.

Este posible castigo electoral afecta incluso a los partidos de la oposición. Entre los votantes del Partido Popular, alrededor de un 32% asegura que reconsideraría su voto, mientras que entre los de Vox la cifra se eleva hasta el 36%. Un escenario que añade presión a la votación prevista para el próximo 28 de abril.

La mayoría de los votantes de todos los partidos, a favor

Por su parte, los votantes de Sumar lideran el apoyo con un 91%, seguidos por los del PSOE con un 81%. Sin embargo, el dato más llamativo es que también existe una mayoría clara entre los electores del Partido Popular (65%) y Vox (60%).

Este consenso se produce en un contexto de creciente preocupación social por el precio de la vivienda. Según el estudio, el 93,4% de los encuestados considera que los alquileres son “altos” o “muy altos”, una percepción que comparten tanto inquilinos como propietarios, independientemente de su situación financiera.

De hecho, el problema trasciende perfiles: el 95,5% de los inquilinos percibe precios elevados, pero también lo hace el 92,9% de los propietarios, incluidos aquellos con hipoteca y quienes ya la han pagado. La vivienda se consolida así como una de las principales inquietudes económicas del país.

Impacto directo en la vida cotidiana

El encarecimiento del alquiler no solo es una percepción, sino una realidad que afecta directamente a la movilidad residencial. Casi la mitad de los encuestados (48,6%) afirma que ellos mismos o alguien cercano ha tenido que cambiar de vivienda en los últimos años debido a subidas de precios o a la no renovación del contrato.

Además, el 81,4% cree que, al finalizar un contrato de alquiler, el precio aumentará o directamente no se ofrecerá la posibilidad de renovarlo. Este clima de incertidumbre explica en parte el fuerte respaldo social a la prórroga planteada por el Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas, coincide con la entrada en vigor de la medida. Según fuentes de Sumar, miles de inquilinos ya habrían solicitado acogerse a la ampliación mediante burofax, lo que apunta a una alta demanda real de esta protección.

Presión política ante la votación

En este contexto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha interpretado estos datos como un claro mensaje ciudadano. A su juicio, existe un “consenso transversal” que debería reflejarse en el Congreso, y ha advertido del coste político que podrían asumir los partidos que voten en contra, según recoge Efe.

Bustinduy ha señalado que oponerse a la medida supondría alinearse con “grandes fondos financieros e inmobiliarias” en lugar de con los inquilinos. Por ello, ha instado a todas las formaciones políticas a reconsiderar su postura antes de la votación.

El ministro también ha hablado de un “clamor social” en favor de la prórroga, subrayando que el apoyo aumenta a medida que la propuesta se conoce mejor. En este sentido, confía en que la presión ciudadana termine inclinando la balanza en el Congreso.

Avalancha de solicitudes

Aunque no existen cifras oficiales sobre el número de solicitudes, el Gobierno asegura que la respuesta ciudadana ha sido masiva. Según Bustinduy, los datos indirectos —como descargas de formularios o consultas a organizaciones de consumidores— apuntan a una “avalancha” de peticiones.

El ministro ha recordado además que estas solicitudes son “válidas” y “obligatorias” para los propietarios, lo que refuerza el alcance inmediato de la medida. En un contexto de precios tensionados, la prórroga de los contratos se perfila como una herramienta clave para dar estabilidad a millones de inquilinos.

Con la votación a la vuelta de la esquina, el debate sobre el alquiler no solo marcará la agenda política, sino que podría tener consecuencias directas en el comportamiento electoral de los ciudadanos. La vivienda, una vez más, se convierte en un factor decisivo en la política española.