La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abierto un nuevo frente en la política de acceso a la vivienda en España al anunciar que el Gobierno analizará “qué ocurre con las licitaciones” de suelo público en Madrid. Según la responsable del ministerio, el Ayuntamiento de Madrid estaría ejecutando operaciones “no deseables”, como la cesión de suelos públicos “magníficos” que, “en siete años van a ser vendidos”.
Rodríguez manifestó en declaraciones a la Cadena SER que: “En Madrid nos desprendemos de suelos públicos magníficos, vamos a estudiar qué está ocurriendo con esas licitaciones, en las que con la excusa de que eran viviendas asequibles resulta que en siete años van a ser vendidos”.
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Siguiendo la estela de Ana Botella
A juicio de la ministra, el mecanismo empleado por el consistorio capitalino recuerda la estrategia seguida durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa, cuando se vendieron cerca de 2.000 viviendas públicas y suelos de protección oficial al fondo de inversión Blackstone por 128 millones de euros, una cifra que, según Rodríguez, quedó “muy por debajo de su valor de mercado”.
La titular de Vivienda ha advertido que la práctica de transferir suelo público a empresas privadas, a cambio de la entrega de una cuota limitada de viviendas protegidas, pone en riesgo el patrimonio inmobiliario necesario para ampliar el parque de vivienda social.
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“El ayuntamiento tiene un suelo público en el que caben 200 viviendas y, en lugar de construir y promover 200 viviendas con carácter protegido o como vivienda asequible en alquiler, se lo da a una empresa promotora a cambio de que le dejen dos, tres, cuatro o quince viviendas protegidas”, explicó Rodríguez durante la entrevista.
Permutas en Valencia
Rodríguez extendió sus críticas más allá de la capital. Señaló que Valencia también ha seguido fórmulas similares, aludiendo a permutas en las que el suelo público destinado originalmente a vivienda social terminó en manos privadas, pese a que las viviendas protegidas ya estaban adjudicadas en el momento de la operación.
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En palabras de Rodríguez, estos procesos equivalen a desprenderse de “un valor patrimonial absolutamente necesario para la construcción de viviendas públicas, a cambio de la permuta de dos, tres o quince viviendas”.
Viviendas turísticas ilegales para alquiler asequible
El debate sobre la conservación del patrimonio público para fines sociales se intensifica cuando los datos oficiales revelan un déficit estructural en el acceso a la vivienda en España.
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Para Rodríguez, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas deben revisar sus políticas y actuar sobre el parque inmobiliario existente. En este contexto, la ministra lanzó una petición directa a los gobiernos regionales: comprar o hacerse con la cesión de uso de las 111.000 viviendas turísticas ilegales identificadas por el ministerio en el país y destinarlas al alquiler asequible.
Recordó que en julio las autonomías recibirán 800 millones de euros procedentes del plan estatal de vivienda, destinados precisamente a facilitar este tipo de operaciones. Según sus cálculos, incorporar esas viviendas al alquiler asequible permitiría cubrir “en un chasquido” el 17% del déficit de vivienda actual en España.
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Blindar el acceso a la vivienda
El Ministerio de Vivienda sostiene que la venta de suelo público, ya sea a través de licitaciones o permutas, debilita la capacidad de los municipios y comunidades autónomas para responder a la demanda social.
Para la ministra, el acceso a la vivienda debe quedar blindado frente a intereses privados y especulativos. “Se parece mucho a lo que hizo Ana Botella”, insistió, en alusión al precedente de la venta masiva a fondos de inversión.
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El foco ahora se mantiene en el uso del suelo público y en la transparencia de las licitaciones, en un contexto en el que el acceso a la vivienda continúa figurando entre las principales preocupaciones de los españoles.
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