El juez Peinado acaba cediendo y archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por basarse en “meras suposiciones”

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado este jueves la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, dentro del llamado ‘caso Begoña Gómez’. De esta manera, se le ha retirado su condición de investigado, tras la orden emitida por la Audiencia Provincial que indicaba que su imputación se basó en “meras suposiciones”.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a Martín Aguirre, quien estaba siendo investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El magistrado subraya que, tras revisar el contenido de la resolución de la Audiencia Provincial, “queda plenamente acreditado que el investigado no participó en el delito de malversación de caudales públicos”.

Una denuncia de Vox

La investigación contra Begoña Gómez ha ido cambiando con el tiempo, pero una de las ramas principales se centra en la presunta contratación irregular de su asistente, Cristina Álvarez, en Moncloa. El magistrado decidió en mayo de 2025 admitir a trámite una querella de Vox, en la que se vinculaba al delegado del Gobierno con un posible delito de malversación de caudales públicos.

La razón formal de esa imputación fue su supuesta participación, desde su posición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021, en el proceso de contratación de Álvarez, que, según el auto, habría desempeñado tareas que se desviaban de sus funciones habituales y beneficiado de forma indirecta a Begoña Gómez con recursos públicos.

Para el juez Peinado, la mera jerarquía de Martín Aguirre en Moncloa y su rol como superior inmediato de la asesora eran suficientes para plantear dudas sobre si existió una orden u omisión que facilitara un uso indebido de fondos públicos. Como secretario general era uno de los responsables directos de la oficina desde la que se gestionaba a la asistente en cuestión, y el magistrado estimó que debía aclararse si la contratación se realizó conforme a derecho y sin perjuicio para las arcas del Estado.

“Tratándose de meras suposiciones”

Sin embargo, la imputación se puso en duda desde un primer momento. La Fiscalía de Madrid presentó un recurso ante la Audiencia Provincial argumentando que no existían indicios sólidos para imputar a Martín Aguirre y que el nombramiento de la asistente se había producido tres años antes de que él llegara al cargo de secretario general.

A su juicio, la mera coincidencia de un cargo jerárquico con hechos anteriores y sin pruebas directas de intervención no justificaba imputaciones por delitos graves como la malversación. A esta petición se sumó la Abogacía del Estado.

Este mes, la Audiencia respondió, ordenando que se le retirara la condición de investigado, al considerar que no había indicios suficientes de que hubiera participado en el presunto delito de malversación que se le atribuía en la instrucción inicial. Los magistrados consideraron en esa resolución que “no consta que supiera” que la asesora Cristina Álvarez estuviera “excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez”, “tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad”.

La Audiencia de Madrid estimó esos recursos, a los que se sumaron las defensas tanto de Gómez como de Álvarez, recordando que ya en junio se pronunció sobre que la investigación tenía que centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora han sido sobrepasadas para favorecer el presunto “plan delictivo” de Gómez.

“Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno”, añadían en un auto.

(Noticia con información de Europa Press)