Un juzgado admite a trámite la querella contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral

La denunciante, exconcejala del Ayuntamiento, acusa al alcalde y al PP de acoso, hostigamiento y falta de protección institucional

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El  alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. (A. Pérez Meca - Europa Press)
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. (A. Pérez Meca - Europa Press)

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha aceptado investigar la denuncia de una exconcejala del Partido Popular contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. También ordena que un médico forense la examine para evaluar los daños que pudo haber sufrido.

La jueza considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos de acoso sexual y laboral, maltrato, lesiones, amenazas y revelación de secretos, y que corresponde a su juzgado investigarlos. Esta decisión se tomó poco después de que la Fiscalía pidiera reactivar el caso, ya que el proceso llevaba tiempo parado.

El PP “no activó los protocolos de protección”

La exconcejala presentó la querella contra Bautista el pasado 17 de febrero. Su abogado asegura que no recibió apoyo del PP y que fue revictimizada dentro del partido, formación que la exedil abandonó en octubre de 2024.

La querella formalizada expone que parte de los hechos transcurrieron en ámbitos privados, lo que complica su investigación, y denuncia la desaparición de correos electrónicos oficiales de la víctima. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, argumenta que la falta de protección y respuesta dentro del partido llevó a su clienta a recurrir a la vía penal.

Bautista comparece ante los medios en el Ayuntamiento de Móstoles el pasado mes de febrero. (A. Pérez Meca / Europa Press)
Bautista comparece ante los medios en el Ayuntamiento de Móstoles el pasado mes de febrero. (A. Pérez Meca / Europa Press)

La denuncia incluye pruebas que, según el letrado, demuestran la supuesta solicitud de favores sexuales y un posterior hostigamiento laboral cuando ella se negó, con la finalidad de aislarla y reducir su visibilidad profesional dentro del Ayuntamiento, por lo que terminó dejando su puesto. La denuncia también se dirige contra el Partido Popular como organización, por considerar que no activó los protocolos de protección y no respondió institucionalmente.

Además, la exconcejala denuncia la difusión de correos electrónicos intercambiados con la Comunidad de Madrid, enviados a varios medios y donde se habría revelado su identidad. Su abogado sostiene que esto podría constituir un delito de revelación de secretos.

El alcalde niega las acusaciones

Por su parte, Manuel Bautista niega todas las acusaciones. El Ayuntamiento de Móstoles aseguró el pasado viernes que las acusaciones contra el alcalde “son falsas” y carecen de “credibilidad”, y que él aún no ha recibido la querella oficialmente. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al alcalde, al considerar que se encuentra “en situación de indefensión”, y acusa al Gobierno central de tratar el caso de forma abusiva.

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Otros casos en el ámbito político

Las denuncias por acoso sexual en el ámbito político, que también afectan a figuras como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, o Francisco Salazar, exdirigente socialista, evidencian cómo a pesar de los avances en igualdad y leyes de protección, persisten entornos laborales masculinizados que no garantizan espacios seguros para las mujeres, tal y como señalaron expertas consultadas por Infobae en este artículo.

Estos casos también reflejan la persistencia de dinámicas de poder y estructuras jerárquicas que dificultan la denuncia y la protección efectiva de las víctimas. Las expertas también recuerdan que la respuesta institucional suele ser insuficiente y que la presión social sobre las denunciantes puede llevar al silencio o al abandono de sus cargos.

(Con información de EFE)