
El plató de televisión ha sido sustituido, este viernes, 17 de abril, por el estrado de la Audiencia Provincial de Madrid. En un giro de guion que nadie habría previsto, Kiko Matamoros y María José Giaever, conocida popularmente como Makoke, han entonado el mea culpa. Lo que comenzó como una investigación por una deuda astronómica con la Agencia Tributaria ha culminado con una confesión en toda regla: ambos urdieron una estrategia para ocultar bienes y evitar que el fisco pudiera cobrar lo que les correspondía.
El colaborador televisivo ha admitido sin ambages que, durante años, ocultó patrimonio —tanto ingresos en efectivo como un inmueble de lujo— para impedir que Hacienda ejecutara embargos por su impago de impuestos. Por su parte, Makoke ha reconocido su papel como cooperadora necesaria, prestándose a figurar como titular de una vivienda en Pozuelo de Alarcón que, en realidad, pertenecía a su entonces marido.

Así lo llevaron a cabo: empresas y testaferros
Durante su declaración, Matamoros ha detallado la arquitectura de su fraude. Según ha confesado, desde el año 2009 se valió de sociedades creadas por él mismo para generar una “apariencia de inexistencia de ingresos”. A través de estas mercantiles, el colaborador canalizaba sus sueldos por intervenciones en medios y su labor como representante, vaciando las cuentas en su beneficio personal mientras Hacienda se encontraba con un muro de papel.
El punto álgido de esta maniobra se produjo en 2011, con la compra de una vivienda en una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón por un precio de 1.315.750 euros. A pesar de ser su residencia habitual y de que el dinero para la hipoteca procedía de las arcas de Matamoros, el inmueble se puso a nombre de Makoke. Ella misma ha confirmado ante el tribunal que accedió a este plan para que no le embargaran la casa a su marido y que incluso figuró como titular de la cuenta bancaria donde Kiko ingresaba los fondos para pagar las cuotas bancarias.

El pacto por el que no tendrán que ir a la cárcel
La confesión ha tenido un efecto inmediato. Ante el reconocimiento de los hechos, la fiscal ha aplicado las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas, rebajando drásticamente sus pretensiones iniciales. Inicialmente, para Kiko Matamoros pedían 5 años y 6 meses y para Makoke 4 años.
Sin embargo, tras confesar el delito, sus penas se han rebajado a 2 años y 1 año y 9 meses, respectivamente. Estas nuevas condenas, al no superar los dos años y carecer ambos de antecedentes penales computables para este caso, implican que ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión. No obstante, la Fiscalía solicita que indemnicen a Hacienda de forma conjunta con una cifra que supera los 400.000 euros. El abogado del Estado, por su parte, ha sido algo más severo, solicitando tres años y medio para el colaborador.

El juicio no ha estado exento de carga emocional. Makoke, que en varios momentos de la sesión no ha podido contener las lágrimas, ha descrito su paso por el banquillo como algo “muy desagradable”. A su salida, ha dejado claro que la relación con su exmarido es inexistente: ha comentado que no le ha saludado y que “ni siquiera le ha mirado”. Matamoros, fiel a su estilo combativo, ha salido de la Audiencia con la mirada puesta en el futuro legal.
A pesar de admitir el delito de alzamiento de bienes, la pareja de Gonzalo Fernández ha recordado que Hacienda ya logró embargarle casi 800.000 euros y ha anunciado que, una vez sea firme la sentencia, iniciará un procedimiento civil por sus intereses. “La pelea por mis derechos”, ha sentenciado, haciendo alusión a que en la casa de Pozuelo —la misma que ocultó al fisco— siguen residiendo familiares de su exmujer. La Agencia Tributaria dictó en 2017 que la deuda de Matamoros ascendía a 1.240.425 euros. Aunque el colaborador ignoró los requerimientos en su momento, provocando el “fracaso de toda pretensión de embargo”, hoy ha tenido que rendir cuentas ante la justicia.
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