Las nietas de Luis Robles presentan la primera querella por “exilio forzado” del franquismo: “Queremos justicia para el pueblo español”

Las hermanas argentinas Silvia y Sonia Garófalo Robles han presentado este miércoles una querella criminal en España en nombre de su abuelo Luis Robles por su “exilio forzado” durante el franquismo. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) destaca que esta es la primera vez que una acción judicial de estas características se formaliza ante la jurisdicción española para exigir al Estado la investigación y el procesamiento de los responsables de la dictadura.

La reclamación, interpuesta por vía telemática, se dirige contra los principales responsables militares que provocaron la salida forzada de Luis Robles y su familia, centrándose en la calificación de los hechos como “crímenes contra la humanidad” cometidos en un contexto de ataque sistemático y generalizado contra la población civil, según han comunicado las nietas y el equipo jurídico de Ceaqua en una rueda de prensa.

La querella, presentada en la Sección de Instrucción de Barcelona, corresponde a la demarcación donde Luis Robles tenía fijada su última residencia antes de exiliarse a Argentina en 1952. El proceso cuenta con el respaldo del equipo jurídico de Ceaqua, organización responsable de más de 150 querellas en territorio español destinadas a reclamar la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura franquista, según ha explicado Jacinto Lara, representante jurídico de la entidad. El caso de Luis Robles adquiere relevancia porque, hasta la fecha, no se había producido ninguna querella por exilio forzado debido, como ha señalado el propio Lara, a las “políticas de olvido y desmemoria” y a las dificultades de acceso a archivos y pruebas documentales.

Durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, Silvia Garófalo Robles ha declarado: “Queremos justicia por nuestra familia, por nuestro abuelo, por nuestra madre, que fue una niña de la guerra, y justicia para el pueblo español, que se merece destapar cierta olla y dejar el relato antiguo de la reconciliación. Uno no puede reconciliarse con un torturador, con un asesino”, según recogen las declaraciones realizadas en la comparecencia pública. Tanto Silvia como Sonia han subrayado que la querella no persigue compensaciones económicas, sino lograr “verdad judicial” y la asunción de responsabilidades, expresando su deseo de que España actúe en sintonía con otros países como Argentina en la persecución de estos delitos.

Por su parte, Jacinto Lara, portavoz del equipo jurídico de Ceaqua, ha recalcado que, aunque la responsabilidad penal individual de los posibles responsables queda extinguida al haber fallecido, la relevancia principal consiste en la posibilidad de establecer una “verdad judicial” documentada sobre este tipo de hechos, tal y como ha manifestado durante la misma rueda de prensa. Esta acción legal, según ha insistido Ceaqua, ha sido posible gracias a la insistencia de las nietas de Robles en la recuperación documental, una de las cuales es historiadora.

Una huida forzada a Argentina

La trayectoria vital de Luis Robles gravita sobre varias fases de exilio sucesivo. Robles, de oficio obrero de la construcción y militante de la CNT-FAI en Barcelona, vivió en la capital catalana con su esposa. Tras la derrota republicana en la Guerra Civil española, él y su familia se refugiaron en Francia, donde fue internado en varios campos de refugiados, entre ellos Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet. Durante la Segunda Guerra Mundial, Robles fue obligado a trabajar para la Organización Todt, vinculada al régimen nazi, consiguiendo posteriormente evadirse y participar en actividades contra las fuerzas de ocupación alemanas en territorio francés.

En 1952, Luis Robles reanudó el exilio, estableciendo su residencia en Argentina, país donde permaneció radicado hasta su fallecimiento en 1984. Según los promotores de la querella, este periplo constituye un ejemplo claro del patrón de desplazamiento forzoso y persecución política que la acción judicial pretende situar en la agenda judicial española y que, hasta ahora, no había encontrado cauce de investigación penal propio, tal y como ha subrayado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.