
Este jueves, arranca la negociación del VIII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. “La negociación seguramente se da larga, esto no se soluciona en tres reuniones”, pronostica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos. Se trata de un convenio estatal que afecta a 200.000 trabajadores tras casi cuatro años de vigencia del anterior.
Las principales reivindicaciones que se sientan hoy a la mesa junto a los sindicatos y la patronal son las horas lectivas, la subida salarial de los trabajadores cuyo sueldo está por debajo del SMI y la equiparación de las retribuciones de los profesores y maestros de la concertada con los de la educación pública.
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Un salario equiparable al de la pública
El salario base se ha ido acercando, reconocen las organizaciones. Sumando los complementos autonómicos que otorgan las comunidades, las nóminas finales resultan similares para empleados sin experiencia. Con el paso del tiempo, surgen diferencias en los conceptos que completan los salarios. Los trabajadores de la concertada no acumulan sexenios de formación, a diferencia de los funcionarios, lo que supone perder un complemento de unos 100 euros mensuales por cada 6 años, según detalla el sindicato.
Al igual que en la red pública, cada comunidad autónoma aplica su propia política salarial en la concertada, lo que genera diferencias entre docentes. Algunos gobiernos regionales optan por no abonar los trienios de antigüedad, como ocurre en Andalucía, y otros omiten el pago único de cinco mensualidades —una por cada quinquenio— que corresponde a quienes cumplen 25 años en el mismo centro, como sucede en Galicia. Existen comunidades, como la de Madrid, que han aprobado el pago de jubilaciones parciales y tutorías, mientras que otras no lo hacen. Y estas diferencias generan una brecha salarial entre docentes y también se pondrá hoy sobre la mesa de negociación del convenio.
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Equiparar las sesiones lectivas
La reclamación de la equiparación en las horas lectivas centra buena parte del debate. Mientras que en la red pública el profesorado imparte un máximo de 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria —con una futura reducción a 23 y 18 horas aprobada en anteproyecto de ley—, el personal de la concertada mantiene un régimen de 25 horas semanales que tiene truco. En la pública, las clases se miden por hora y se corresponden con las sesiones, pero en la concertada se contabilizan por minutos, de modo que se pueden dar clases de 45 minutos y que el resultado sea que dan más sesiones, lo que supone más carga.
Por eso, uno de sus objetivos es que se vincule la hora al periodo o sesión porque “no es lo mismo corregir y preparar a razón de 25 clases que 29 clases, aunque sean de 45 minutos”, expone el responsable de UGT.
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Trabajadores de servicios por debajo del SMI
Otro de los puntos es que el salario de trabajadores del servicio, que son un sector minoritario dentro del convenio pero prioritario. Aún quedan salarios por debajo del SMI en las pocas categorías que quedan por debajo del salario mínimo. a. En muchos casos, estos profesionales —porteros o recepcionistas— han sido externalizados, pero Gualix ha recordado que quedan en los colegios donde el personal de servicios sigue perteneciendo a la plantilla y el objetivo es que no se queden fuera y obtengan una mejora económica en sus nóminas.
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