Trabajadoras sociales en Madrid denuncian precariedad y exigen un convenio regional “digno”: “Nuestros salarios apenas superan el mínimo”

Las trabajadoras del sector social en Madrid ya no aguantan más. El pasado sábado se concentraron en Callao para denunciar unas condiciones laborales marcadas por la precariedad, la desprotección y la ausencia de “un convenio digno” a nivel regional, y aseguran que seguirán movilizándose si sus demandas no son atendidas. Recuerdan también que los asesinatos en 2025 de Belén Cortés, trabajadora social que sufrió una agresión en un piso tutelado en Badajoz, y de Teresa González, auxiliar en Galicia que había denunciado acoso sexual, evidenciaron esa falta de protección del colectivo.

“Las situaciones que sufrieron Belén y Teresa no se debieron a las personas atendidas, sino a la ausencia de recursos y a la externalización de servicios públicos en manos de empresas privadas”, dice a Infobae Elena Fernández, portavoz de la plataforma del sector social de Madrid, que asegura que el contexto “se ha vuelto insostenible” para quienes desempeñan su labor en el ámbito de la intervención social. Según detalla, los recursos resultan insuficientes para responder a las necesidades de la población y las herramientas necesarias “no llegan ni desde las empresas ni desde las instituciones”. “Cada vez hay menos ayudas, menos plazas de alojamiento y todo es mucho más restrictivo”, añade indignada.

Bajos salarios y múltiples convenios

Las trabajadoras sociales también explican que mientras “les exigen titulaciones universitarias o técnicas y una amplia experiencia, los salarios apenas superan el mínimo interprofesional”. A esto se suma la existencia de múltiples convenios, lo que, según denuncian, provoca una continua degradación de los derechos laborales.

En el caso concreto de Madrid, las trabajadoras solicitan la creación de un convenio regional de intervención social que permita “unificar condiciones laborales y reconocer pluses y derechos que actualmente no se garantizan”. Insisten en que los servicios sociales deben gestionarse directamente desde las administraciones públicas, sin intermediación de empresas privadas, ya que “la búsqueda de beneficio privado resulta incompatible con la atención social”. Comparan la situación con la sanidad y la educación, subrayando la necesidad de mantener estos servicios bajo gestión pública directa.

En ese sentido, aseguran que la protesta del pasado 21 de marzo en Madrid es solo el principio de una movilización más amplia del sector social “que comienza a organizarse y a reclamar en las calles la defensa de sus puestos de trabajo, sus funciones y los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada a la población”. Sostienen que mientras persistan las carencias y la precariedad en el ámbito social, las protestas continuarán.