El PSOE lleva al Congreso una proposición que denuncia el “preocupante” acoso a Sarah Santaolalla o Héctor de Miguel por parte de la extrema derecha

Estos episodios, según el Grupo Socialista, “están comenzando a amenazar con la autocensura de los profesionales en los medios, limitando la convivencia democrática”

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Sarah Santaolalla
La analista Sarah Santaolalla durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio. (Fernando Sánchez/Europa Press)

El Grupo Socialista ha presentado en el Congreso una proposición no de ley “para la defensa de la libertad de información y expresión”. El motivo de la iniciativa son “recientes fenómenos de intimidación, producidos principalmente en las redes sociales, que están comenzando a amenazar con la autocensura de los profesionales en los medios de comunicación, limitando la convivencia democrática”.

El PSOE pone algunos ejemplos. El más conocido y reciente que menciona es el de la analista Sarah Santaolalla, “quien ha interpuesto una demanda contra el agitador ultraderechista Vito Quiles por acoso”. Recientemente, la colaboradora de Mañaneros 360 o ElPlural.com también recibió insultos desde el programa de Antena 3 El Hormiguero.

Otro que menciona el partido es el de Elena Reinés, cofundadora de Woke Up News, “que ha mostrado su temor a que las amenazas e insultos que recibe en redes se hagan realidad. Unas redes que abandonó ‘asustada por la multitud de amenazas de muerte’ recibidas de la extrema derecha”. Por último, el humorista de la Cadena SER Héctor de Miguel, quien “comunicó su retirada” por razones similares. “No tengo madera de héroe ni ganas de ser mártir”, se despidió.

Sarah Santaolalla
Pedro Sánchez saluda a la analista Sarah Santaolalla durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres. (Eduardo Parra/Europa Press)

El lanzallamas de Vox

“Es especialmente preocupante. (...) Tres episodios en apenas quince días”, resaltan los socialistas en su escrito al Congreso. “Además -añade-, las fuerzas ultras han puesto en la diana a las televisiones públicas europeas, así como a los especialistas o contertulios que en ellos se expresan diariamente y que ofrecen un relato veraz y, consecuentemente, opuesto al suyo”.

Expone el PSOE que “la extrema derecha amenaza con asfixiar económicamente a los medios de comunicación públicos o con ponerlos a su servicio al llegar al poder”. Recuerda que “Vox amenazó, durante una sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, con entrar al ente público con ‘motosierra o lanzallamas’.

“En otra sesión recientemente celebrada -se puede leer también-, ha calificado a la radiotelevisión pública de España de ‘escaparate de la putrefacción’, señalando a sus profesionales como ‘okupas e intoxicadores’, y se ha ratificado en que acabará con ellos ‘cuando Vox llegue a RTVE’, añadiendo que cuando ello suceda el actual presidente de la Corporación ‘no se va a ir de rositas’.

El presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

“Todo esto tiene un objetivo”

Para el PSOE, “todo esto tiene un objetivo, que es acabar con la confianza en un pilar clave de la democracia: la información veraz, libre e independiente y amedrentar a todo el que no se someta a sus dictados”. Menciona que “este hecho no solo ocurre en España”, señalando episodios del mismo corte en Estados Unidos, Francia o Alemania.

Por todo esto, el Grupo Socialista pide a la cámara “apoyar el derecho a la libertad de información, de expresión y de opinión y el desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura” y segundo, “defender los medios públicos de comunicación como pilar fundamental de la democracia”.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una nueva herramienta para monitorizar “la huella del odio en las redes sociales”, llamada Hodio. La plataforma, que combina revisión humana con inteligencia artificial, evalúa tanto la difusión como el impacto en la sociedad, pero no borra contenidos ni tiene previstos castigos o consecuencias.