
Han sido muchas las voces críticas que han tachado de “machista” e “inaceptable” la actitud del juez Adolfo Carretero durante el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliáa, que declaró el pasado 16 de enero por un presunto delito de agresión sexual contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón. Desde asociaciones feministas a usuarios en redes sociales o la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, han mostrado su rechazo a las polémicas preguntas que el magistrado hizo a la víctima y a su “falta de empatía” al cuestionar con dureza en varias ocasiones su versión de lo ocurrido y preguntar, incluso, si había denunciado al político por despecho.
“¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y al no responderle, le denuncia?”, “estaba muy ebria, ¿seguro?” o “usted es una mujer acostumbrada a tratar con el público, ¿cómo no es capaz de decirle que esas condiciones no eran aceptables?, fueron algunas de las preguntas que afrontó Mouliáa en una sesión que se prolongó durante casi dos horas. De hecho, en la tarde de este miércoles el Poder Judicial anunció que va a investigar al juez Carretero por el interrogatorio a la actriz después de haber recibido más de 900 quejas y denuncias en relación con su actuación.
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Lo primero que le ha llamado la atención de este caso a la socióloga Carmen Ruiz Repullo, profesora en la Universidad de Granada, es la filtración del interrogatorio, porque no se trata de un juicio, sino de declaraciones prestadas en fase de instrucción y siempre es reservada. “La publicación de estos videos no solo supone un freno a la credibilidad de la víctima, sino un freno a que otras víctimas sientan que hay un sistema judicial que las está protegiendo, porque se las cuestiona”, explica a Infobae España la docente, que tilda a la justicia de “patriarcal” y “machista”.
También este miércoles el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha considerado que el juez Carretero ha actuado “con un prejuicio” al condicionar la respuesta de Mouiláa hacia una idea predeterminada, ha instado a “juzgados y tribunales” a adoptar medidas para evitar estas filtraciones, al considerar que “es una vulneración de la intimidad de las personas”, aunque, por otro lado, algunas expertas han destacado que este vídeo ha contribuido a que la sociedad compruebe cómo operan algunos jueces en casos de violencia sexual y qué trato reciben las víctimas.
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Ruiz Repullo critica la “falta de objetividad e imparcialidad” de la justicia en el interrogatorio de Mouliáa, “al poner en duda su relato continuamente” y ser interrumpida en varias ocasiones, cuando en los casos de violencia sexual es esencial que la víctima sea escuchada sin cortar su relato, tal y como recoge la guía de buenas prácticas judiciales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género relativa a la declaración de las víctimas en todas las fases del procedimiento (instrucción, enjuiciamiento y ejecución de la sentencia), así como a su participación en el mismo. “Si esta es la imagen que transmite la justicia, ¿quién va a querer denunciar a otro político, a un director de cine o a un escritor cuando se está frenando el movimiento MeToo?”, se pregunta la socióloga.

Cuando el acosador recibe mejor trato que la víctima
La actitud del juez Carretero, sostiene la docente, “es comparable a la que tuvo el fiscal José Luis García Ancos en el caso de Nevenka Fernández”, la exconcejala del Partido Popular que en 2002 denunció por acosos sexual al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, donde el acosador recibió mejor trato que la víctima, quien sufrió un auténtico calvario al sufrir el rechazo de la sociedad, hasta el punto de que tuvo que marcharse a vivir fuera de España.
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El tono vehemente y machista que utilizó el fiscal en el interrogatorio a Nevenka, a la que llegó a decir “usted no es la empleada de Hipercor a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos”, levantó tanta polémica que finalmente fue apartado del caso.
Por eso es fundamental, destaca Ruiz Repullo, la formación de los operadores jurídicos en perspectiva de género, pues, de lo contrario, quienes juzgan seguirán reproduciendo estereotipos machistas y “las víctimas estarán vendidas porque no hay nadie que las entienda o que vea el contexto patriarcal del que partimos”. La docente plantea la posibilidad de imponer “sanciones” a los operadores del ámbito de la justicia que culpabilicen y cuestionen el relato de las víctimas de violencia sexual e incluso se pregunta si se debería permitir que “un juez con actitudes claramente machistas juzgue casos de violencia de género”.
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Una justicia “respetuosa” con las víctimas de violencia de género
De hecho, tras el interrogatorio de Carretero a Mouliáa, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se ha dirigido al Ministerio de Justicia y la Cortes para reclamar cambios legales y al Consejo General del Poder Judicial para pedir una nueva interpretación de la ley que evite que se perjudique tanto a las víctimas de violencia sobre la mujer como a quienes en la judicatura trabajan en materia de violencia de género en juzgados de esta clase buscando medidas que faciliten, por ejemplo, los traslados judiciales para que las personas más expertas atiendan mejor a las víctimas.
La reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, recuerda la asociación, modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuyendo más competencias a los juzgados y audiencias con competencia en violencia sobre la mujer, de forma que deberán atender materias que hasta ahora correspondían a juzgados y secciones penales, como es el caso de los delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzosos y trata para explotación sexual. En todos estos casos, concluyen, las víctimas “son personas especialmente vulnerables, por lo que resulta conveniente especializar su tratamiento, como se hace en los tribunales con competencia en materia de violencia sobre la mujer”.
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