Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

La desclasificación de documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha devuelto al primer plano la figura de Juan Carlos I. Más de cuatro décadas después de aquella noche en la que el Congreso de los Diputados quedó tomado por los guardias civiles de Antonio Tejero, los papeles conocidos esta semana han sido interpretados por una parte del arco político como una confirmación documental de que el entonces jefe del Estado no estuvo implicado en la intentona y que, por el contrario, contribuyó a detenerla.

Durante años, sin embargo, han persistido dudas y sospechas sobre el grado de conocimiento previo que pudo tener el monarca acerca de los movimientos conspirativos que precedieron al 23-F. Algunas investigaciones periodísticas y ensayos históricos plantearon la posibilidad de que determinados sectores del Ejército hubieran actuado convencidos de contar con la comprensión de la Corona o, al menos, con su tolerancia inicial. Los documentos ahora conocidos no avalan esas hipótesis y han sido interpretados por sus defensores como una evidencia más de que Juan Carlos I se mantuvo del lado del orden constitucional.

Feijóo sostuvo tras conocerse los papeles que estos deberían servir para “reconciliar” a los españoles con quien, a su juicio, “paró el golpe”, y consideró “deseable” que el rey emérito pudiera regresar a España. Otros dirigentes del Partido Popular han expresado argumentos similares, insistiendo en que la figura de Juan Carlos I no puede entenderse sin su papel durante la Transición y que la nueva documentación contribuye a consolidar esa valoración histórica. Desde el Gobierno se ha respondido con más cautela, subrayando que la eventual vuelta del emérito depende únicamente de su voluntad y recordando que su legado no se limita a lo ocurrido en 1981.

Una residencia en Abu Dabi y viajes periódicos

Juan Carlos I se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020, en el momento de mayor deterioro de su imagen pública desde el final de su reinado. Su salida fue el desenlace de una crisis que se había ido gestando durante los años anteriores y que estalló definitivamente a partir de 2018. Fue entonces cuando comenzaron a conocerse datos sobre transferencias millonarias procedentes de Arabia Saudí, fundaciones radicadas fuera de España y cuentas en el extranjero que alimentaron las sospechas sobre la gestión de su patrimonio personal. Las revelaciones, publicadas inicialmente por medios extranjeros y después por la prensa española, coincidieron con un clima político especialmente sensible hacia la institución monárquica y acabaron por erosionar de forma notable la imagen pública del antiguo jefe del Estado.

La presión aumentó de forma significativa cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió diligencias para investigar el origen de algunos de esos fondos, especialmente los relacionados con la adjudicación del contrato del AVE a La Meca a empresas españolas. Paralelamente, la Agencia Tributaria examinó diversas operaciones económicas del rey emérito, que optó por presentar varias regularizaciones fiscales voluntarias por importes millonarios para evitar posibles responsabilidades penales por delitos contra la Hacienda pública.

Aunque con el tiempo las investigaciones judiciales fueron archivadas —en algunos casos por falta de pruebas suficientes y en otros por la prescripción de los posibles delitos o por la inviolabilidad constitucional de la que gozó durante su reinado—, el daño reputacional ya estaba hecho. Las informaciones sobre su patrimonio y sus relaciones personales marcaron definitivamente el final de la etapa iniciada con la abdicación en 2014 y contribuyeron a situar a la monarquía en el centro del debate político.

En ese contexto, la marcha a Emiratos Árabes Unidos fue interpretada de forma generalizada como una decisión destinada a rebajar la presión institucional sobre la Corona. La Casa del Rey evitó presentar el traslado como una medida oficial, pero en medios políticos y diplomáticos se asumió que el alejamiento físico del emérito facilitaba la consolidación del reinado de Felipe VI en un momento especialmente delicado. La decisión permitió además separar simbólicamente la actividad del monarca en ejercicio de las polémicas que afectaban a su padre.

Desde su instalación en Abu Dabi, Juan Carlos I ha mantenido un perfil público limitado, centrado en actividades privadas y en encuentros con amistades y empresarios. Aunque en diversas ocasiones se ha especulado con la posibilidad de un regreso definitivo, la residencia en Emiratos se ha consolidado como su base habitual.

Durante estos años, el emérito ha podido regresar a España siempre que lo ha considerado oportuno, aunque sin recuperar la residencia permanente. La primera visita se produjo en mayo de 2022, casi dos años después de su marcha, y marcó el patrón que se repetiría en los viajes posteriores: estancias breves, de carácter privado y sin agenda institucional.

Desde entonces ha viajado en repetidas ocasiones, con estimaciones que sitúan el número total de visitas en torno a ocho hasta la fecha. La mayor parte de esos desplazamientos han tenido como destino la localidad pontevedresa de Sanxenxo, donde se aloja habitualmente en casa del regatista Pedro Campos y donde mantiene desde hace décadas su principal círculo de amistades. En varias de esas visitas ha participado en competiciones náuticas con el Bribón, el velero con el que ha seguido navegando pese a su avanzada edad.

Entre el legado histórico y los escándalos recientes

La discusión reabierta tras la desclasificación de los papeles del 23-F vuelve a poner de relieve la doble lectura que acompaña a la figura de Juan Carlos I desde hace años. Por un lado, su papel durante la Transición y especialmente durante la crisis de febrero de 1981 sigue siendo reivindicado como uno de los pilares de la consolidación democrática. Por otro, las investigaciones sobre su patrimonio y las revelaciones sobre su vida privada marcaron el final de su reinado y terminaron por precipitar su marcha al extranjero seis años después de la abdicación.

En ese contraste se sitúa el debate actual sobre su posible regreso definitivo, impulsado por quienes consideran que los nuevos documentos refuerzan la legitimidad histórica del monarca que reinó entre 1975 y 2014 y cuestionado por quienes sostienen que los acontecimientos posteriores siguen pesando más que su actuación durante aquella noche decisiva de la democracia española.

Sin impedimentos para regresar

Juan Carlos I nunca ha tenido prohibida la entrada en España. Su residencia en Abu Dabi ha sido desde el principio el resultado de una decisión personal adoptada por la crisis institucional que acompañó su salida en 2020, y no la consecuencia de ninguna medida judicial o administrativa. Los sucesivos viajes realizados desde entonces han confirmado que el rey emérito ha podido regresar al país cuando lo ha considerado oportuno, aunque sin dar el paso de recuperar una residencia estable.

Para quienes defienden una normalización de su situación, la desclasificación papeles refuerzan la idea de que el balance histórico de Juan Carlos I no puede desligarse de su actuación durante la noche del golpe de Estado, considerada decisiva para la defensa de la democracia. La difusión de esa documentación ha sido interpretada como un elemento que contribuye a contrarrestar el deterioro de su imagen pública provocado por las revelaciones sobre sus finanzas personales y las investigaciones abiertas en los últimos años.

Algunos dirigentes políticos han sostenido que ese reconocimiento documental debería facilitar una nueva etapa en la valoración pública del rey emérito y crear un clima más favorable para su regreso definitivo. Bajo ese planteamiento, la desclasificación de los papeles del 23-F no solo aportaría claridad histórica sobre el golpe de Estado, sino que podría funcionar también como un punto de inflexión en la percepción pública de quien fue jefe del Estado durante casi cuatro décadas.