
El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de 20 días de sueldo y servicio a un agente de la Guardia Civil destinado en el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno por cometer “conductas gravemente contrarias” a la dignidad del cuerpo mientras estaba de servicio.
Según la sentencia publicada por el Alto Tribunal el pasado enero, este agente, estando de servicio en el gimnasio de la Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno, participó en el consumo de alcohol y realizó actos considerados indignos, incluyendo bajarse los pantalones y mostrar el trasero en presencia de otros agentes y policías nacionales.
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El pasado 1 de abril de 2022, Alexander (nombre ficticio) tenía asignado el turno de tarde en el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. En el desarrollo de su servicio, tras pasar por la cafetería y consumir dos cervezas con unos pinchos, permitió la entrada de una botella de ginebra en el recinto, que fue compartida con el Brigada Nuria y el Cabo Primero Hilario. El consumo de alcohol se realizó en la sala de “cardio”, y participaron varios agentes, entre ellos el guardia civil Leandro, responsable de la supervisión de las instalaciones.
El jefe de escoltas de Sánchez le pilló
Hacia las 19:15 horas, la situación se agravó con la llegada de Olegario, subinspector de la Policía Nacional, y poco después del inspector Pedro Jesús, jefe de escoltas del presidente del Gobierno. Ambos hallaron a Alexander con claros síntomas de intoxicación etílica. En ese contexto, y ante la presencia de estos testigos ajenos a la Guardia Civil, el guardia civil Leandro se bajó los pantalones y mostró el trasero mientras bailaba y se ponía de cuclillas, según recogen los hechos probados en la sentencia.
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El recorrido judicial del caso comenzó con la apertura del expediente disciplinario y la imposición de la sanción por parte de la directora general de la Guardia Civil el 3 de agosto de 2022. El recurso de alzada presentado por Alexander fue desestimado el 3 de octubre del mismo año. Ante esa resolución, el recurrente acudió al Tribunal Militar Central, que en mayo de 2025 confirmó la sanción al considerar probada la conducta gravemente contraria a la dignidad del cuerpo.
No conforme, el agente preparó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, centrando su defensa en la presunción de inocencia, la tipicidad de la falta, el derecho de defensa y la proporcionalidad de la sanción. La sentencia dictada el 21 de enero de 2026 por la Sala de lo Militar del Supremo ha rechazado todos sus motivos y confirma la resolución administrativa en todos sus términos, ratificando la pérdida de 20 días de haberes y la suspensión de funciones. La resolución es firme y cierra la vía ordinaria para el guardia civil sancionado.
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