Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

El uso de pruebas obtenidas por detectives privados en procedimientos laborales ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y empresarial en los últimos años. En España, las empresas recurren a este tipo de recursos para intentar acreditar conductas supuestamente incompatibles con una situación de incapacidad temporal, como puede ser la realización de actividades físicas o lúdicas que contravengan la baja médica.

No solo se busca proteger los intereses empresariales, sino también disuadir posibles fraudes, aunque estas actuaciones siempre deben ceñirse a la normativa vigente. Sin embargo, la validez de estas pruebas depende de diversos factores legales y del respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, lo que añade complejidad y matices a cada caso.

Un caso reciente revela cómo un trabajador en baja médica terminó despedido después de que la empresa presentara pruebas sobre su presunta actividad en un campo de golf. La resolución judicial sorprendió a muchos porque, según comenta en un vídeo de TikTok (@empleado_informado) el abogado Miguel Benito Barrionuevo, “se les da la vuelta porque anulan esta prueba del detective privado y les obligan a indemnizarle con quince mil euros”.

Límites legales para la obtención de pruebas

A pesar de que la sospecha de la empresa sobre el fraude era legítima, el uso de detectives privados no garantiza el éxito ante el tribunal. El abogado subrayó que “igual que el detective privado puede tomar imágenes tuyas en la vía pública, no lo puede hacer en lugares privados como es tu domicilio, pero como también es un campo de golf”. Esta distinción entre espacios públicos y privados resultó clave para la sentencia, ya que determina los límites de la intervención de los detectives y de la utilización de sus informes en juicio.

El juzgado determinó que “al haber obtenido esta prueba de manera ilícita, se tiene como si no existiera y el juez, le parezca lo que le parezca, no puede contar con ella y tiene que darle la razón al trabajador”, indicó Barrionuevo.

Los tribunales valoran especialmente el modo en que se recaban las pruebas, considerando si se han vulnerado derechos como la intimidad o la protección de datos personales. En este sentido, la diferencia entre la obtención de imágenes o informaciones en lugares públicos y privados resulta determinante.

Consecuencias de obtener pruebas ilícitas

Mientras la grabación en espacios públicos puede admitirse bajo ciertos supuestos, la captación de imágenes en lugares considerados de acceso restringido, como un domicilio particular o instalaciones privadas, puede suponer una infracción legal, lo que afecta directamente al resultado del proceso judicial.

El fallo de este caso pone de manifiesto la importancia de que las empresas extremen la cautela al encargar investigaciones sobre sus empleados y respeten los límites legales establecidos. La obtención ilícita de pruebas no solo puede anular el fundamento de un despido, sino que también puede dar lugar a indemnizaciones a favor del trabajador afectado, aumentando los riesgos para las compañías y generando precedentes relevantes.

Este tipo de resoluciones judiciales contribuye a perfilar los límites de la actuación empresarial y refuerza la protección de los derechos fundamentales en el entorno laboral. El debate sobre el equilibrio entre la protección de la empresa frente al fraude y la privacidad del empleado continúa presente en la jurisprudencia, obligando a las partes a actuar con prudencia y dentro del marco legal, evitando vulneraciones que puedan tener consecuencias económicas y reputacionales.