Las Cortes españolas incumplen la Constitución al actuar como “simple buzón” de solicitudes ciudadanas y derivarlas “sin garantías de seguimiento ni evaluación de impacto”

El observatorio Political Watch ha publicado un informe en el que apunta directamente al Congreso y al Senado por su gestión de las peticiones ciudadanas. Según el documento, ambas cámaras estarían incumpliendo la Constitución al actuar como “simple buzón” y limitarse a ser “meros intermediarios”, sin realizar un seguimiento de las solicitudes que reciben por escrito.

Tampoco existen datos públicos que aclaren el destino de estas peticiones o si acaban generando alguna medida concreta. Esta situación lleva a muchas personas a acudir al Parlamento Europeo: el 23% de las peticiones enviadas en 2023 llegaron desde España, según el informe El derecho de petición en el contexto digital.

La Comisión de Peticiones se reúne entre 45 minutos y 3 horas al año

El estudio, que surge de la colaboración entre Political Watch y la entidad pública Red.es del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, con fondos NextGenerationEU, señala que el Parlamento español incumple de facto los artículos 29 y 77 de la Constitución. El artículo 29 reconoce “el derecho fundamental de todos los españoles a formular peticiones individuales o colectivas, por escrito, ante instituciones públicas”, mientras que el 77 regula el derecho de petición ante las Cortes Generales.

La norma prevé que el Congreso y el Senado pueden recibir peticiones por escrito, individuales o colectivas, y que ambas cámaras pueden remitirlas al Gobierno, que está obligado a dar explicaciones si se lo requieren. Sin embargo, el informe destaca que la Comisión de Peticiones del Congreso apenas ha dedicado entre 45 minutos y 3 horas al año desde 2011, en contraste con las 150 horas que invierte la Comisión de Presupuestos por legislatura.

Durante la legislatura actual, las solicitudes canalizadas a las comisiones de Peticiones del Congreso y del Senado “no han generado ningún efecto vinculado a las instituciones parlamentarias”. Según el informe, “las Cortes Generales sirven exclusivamente de ventanilla de entrada y de institución intermediaria, pero podrían hacer mucho más”.

El Congreso ha recibido 386 peticiones en lo que va de legislatura, de las cuales 380 han sido derivadas a otras instituciones. En el Senado, de las 167 solicitudes, 89 han sido archivadas y 78 remitidas a distintos organismos públicos. El informe de Political Watch señala que se desconoce tanto el destino real de estas peticiones como si terminan resultando en alguna decisión. Tampoco las demandas, recoge el texto, están llegando al Ejecutivo; y los ministerios reciben “menos de una petición al mes”. Los temas más frecuentes en estas solicitudes tienen que ver con la justicia, la Ley de Amnistía, la reforma del Código Penal, denuncias sobre las condiciones de las prisiones, ayudas a la dependencia, al IMV, la violencia vicaria y reclamaciones administrativas de todo tipo.

El texto recoge que “el problema no es solo de volumen, sino de efectividad. Las Cortes actúan como intermediarias administrativas que trasladan peticiones, pero sin garantías de seguimiento ni evaluación de impacto real”. Resulta llamativo el contraste con otros parlamentos europeos. En Reino Unido, por ejemplo, una petición con 100.000 firmas obliga a celebrar un debate parlamentario. En Alemania, con 30.000 firmas, se convoca una audiencia pública en el Bundestag (el parlamento alemán). En Estonia, basta con 1.000 firmas para activar un análisis obligatorio; y en Escocia no hay mínimos y el seguimiento es en tiempo real.

“No se trata de inventar nada nuevo, sino de hacer funcionar lo que ya existe en la Constitución”

Hay cuatro comunidades autónomas, sin embargo, que el informe destaca por haber desarrollado regulaciones específicas del derecho de petición parlamentario, siendo el Parlamento De Asturias el considerado más pionero al permitir que cualquier persona ejerza su derecho de petición por escrito o telemáticamente ante la Comisión de Peticiones y obligar a, si la petición se considera “fundada”, tomar medidas efectivas.

También destaca el Parlamento de Cataluña, que dispone de una plataforma digital propia con identificación verificable y admite también comparecencias presenciales. Menciona el modelo de la Asamblea de Murcia, que permite solicitar información adicional para cada demanda y presenta un informe anual al pleno, así como el Parlamento Canario, que acepta peticiones individuales y colectivas y puede derivarlas al Diputado del Común.

Entre las propuestas para mejorar el sistema español, Political Watch plantea crear plataformas digitales públicas integradas en las webs del Congreso y el Senado, establecer umbrales de firmas para activar audiencias en comisión (10.000 firmas), debates en pleno (50.000 firmas) y preguntas orales obligatorias (5.000 firmas). Sugiere también reforzar la Comisión de Peticiones con más sesiones y más personal; dar visibilidad pública online a todas las solicitudes y respuestas y permitir que la ciudadanía pueda enriquecer sus peticiones antes de presentarlas.

Propone también que las peticiones con respaldo suficiente se tramiten como Iniciativas No Legislativas o proposiciones no de ley y que se publiquen informes anuales con indicadores de eficacia. El informe concluye; “No se trata de inventar nada nuevo, sino de hacer funcionar lo que ya existe en la Constitución”.

El informe viene firmado por Belén Agüero, licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo y directora de investigación de Political Watch; y Miguel Ángel Gonzalo, filólogo especializado en Biblioteconomía y Documentación y funcionario del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales desde 1989, actual director de Documentación en la Secretaría General del Congreso de los Diputados.