
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo este sábado una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, en la que felicitó al Gobierno de Caracas por el anuncio de una amnistía general para los presos políticos y ofreció el apoyo de España al proceso de transición abierto en el país sudamericano. La llamada, según confirmaron fuentes del Ministerio español de Exteriores a El País, se produjo a iniciativa del canciller venezolano y sirvió para abordar la nueva etapa que se ha abierto en Venezuela tras los últimos acontecimientos políticos.
Durante la conversación, Albares trasladó a Gil la bienvenida del Gobierno español a la medida anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ofreció el apoyo de España para acompañar el proceso de transición que se ha abierto en Caracas. Desde el departamento que dirige el ministro se subraya que la posición española pasa por facilitar el diálogo entre las partes venezolanas y contribuir a una salida política que reduzca la tensión acumulada durante años de confrontación.
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Este contacto es el primero entre los responsables de Exteriores de ambos países desde la intervención militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro y el colapso del Ejecutivo que encabezaba. No obstante, el Gobierno español ya había activado canales políticos días antes. Pedro Sánchez habló el 9 de enero tanto con Delcy Rodríguez como con Edmundo González Urrutia, a quien las actas electorales difundidas tras los comicios del 28 de julio de 2024 otorgaban la victoria en las presidenciales venezolanas.
Desde entonces, Albares ha mantenido también conversaciones con González Urrutia, exiliado en Madrid, así como con varios ministros de Exteriores latinoamericanos, en un esfuerzo diplomático por coordinar posiciones y seguir de cerca la evolución de la crisis venezolana. El Ejecutivo español insiste en que no reconoce legitimidad política al Gobierno de Rodríguez, del mismo modo que no reconocía al de Maduro, pero considera imprescindible mantener una interlocución abierta para evitar un escenario de vacío institucional o una escalada de inestabilidad con repercusiones regionales.
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Acompañar sin tutelar
La línea defendida por Exteriores pasa por lo que fuentes diplomáticas describen como un “acompañamiento activo” del proceso venezolano. Albares ha reiterado públicamente que cualquier salida a la crisis debe ser fruto de un acuerdo entre venezolanos y no puede imponerse desde fuera. Al mismo tiempo, ha advertido de que una deriva caótica en el país tendría consecuencias no solo internas, sino también para el conjunto de América Latina, en forma de inestabilidad política, flujos migratorios y tensiones económicas.

En este marco, la Embajada de España en Caracas ha asumido un papel central en el mantenimiento de los contactos con las nuevas autoridades. Estas gestiones, reforzadas por la mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, permitieron que, incluso antes de que se anunciara oficialmente la amnistía general, fueran liberados nueve ciudadanos españoles que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, cinco de ellos con doble nacionalidad.
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El anuncio de la amnistía fue realizado el viernes por Delcy Rodríguez durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en un acto retransmitido por la televisión estatal. La presidenta encargada explicó que la iniciativa pretende abarcar todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad y que será presentada ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con carácter de urgencia. Según sus palabras, el objetivo es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” y reencauzar la convivencia entre los venezolanos.
Excarcelaciones y límites
La propuesta de ley excluye expresamente de la amnistía a las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, el texto completo aún no se ha hecho público, por lo que siguen sin conocerse los criterios concretos que determinarán quiénes podrán beneficiarse de la medida y en qué plazos.
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El anuncio se produce en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero que, según organizaciones de derechos humanos, avanza con lentitud. La ONG Foro Penal cifra en 711 las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, aunque reconoce que desde el inicio de la nueva gestión se han liberado 302 presos. Al mismo tiempo, denuncia que más de 11.000 personas continúan sometidas a restricciones arbitrarias de su libertad, como medidas cautelares, presentaciones periódicas ante tribunales o prohibiciones de salida del país.
En paralelo, Rodríguez anunció el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, considerada durante años un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y por la oposición. Según explicó, el edificio será transformado en un complejo social, deportivo, cultural y comercial destinado tanto a la familia policial como a las comunidades del entorno.
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Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea, habían reclamado desde hace años una amnistía general para los presos políticos. Días antes del anuncio presidencial, estas entidades presentaron una propuesta formal que incluía a luchadores sociales, periodistas, militares y activistas perseguidos o privados de libertad en el contexto de las movilizaciones postelectorales.
La iniciativa ha sido recibida con cautela por estas organizaciones, que insisten en que la amnistía debe aplicarse sin discriminación y subrayan que la liberación de los detenidos no debe entenderse como un acto de clemencia del poder, sino como la restitución de derechos fundamentales vulnerados.
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