La tragedia ocurrida el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha provocado decenas de muertos, varios heridos y un caos ferroviario que ha afectado a miles de viajeros en los últimos días. La asociación de consumidores Facua ha denunciado los incrementos de precios detectados en otras opciones de transporte y ha urgido al Gobierno a reforzar la protección de los usuarios por ley ante este tipo de abusos. Rubén Sánchez, portavoz de la organización, ha denunciado que algunas empresas se están aprovechando “de forma miserable” para aumentar sus beneficios y aboga por una reforma de la normativa que no limite la prohibición de los aumentos a emergencias de protección civil declaradas.
Hasta el momento se han registrado un total de 41 fallecidos y 13 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI) como consecuencia del choque entre un tren de Alvia que circulaba en dirección a Huelva y varios vagones de un convoy de Iryo descarriado en la vía contigua mientras realizaba un servicio Málaga-Madrid.
Tras conocerse la noticia del siniestro, comenzó una oleada de retrasos y cancelaciones en líneas ferroviarias de toda España, con especial incidencia en Andalucía y sus conexiones con la capital. Numerosos usuarios se han visto obligados a adaptar sus planes de viaje y buscar alternativas de transporte, causando un fuerte incremento de la demanda en otras rutas ferroviarias, autobuses, vuelos y coches de alquiler. Ante esto, algunas compañías han aprovechado el interés para disparar los precios de los billetes.
La ley excluye accidentes como el del domingo
Desde Facua, reclaman al Ministerio de Consumo una reforma en el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el objetivo de impedir estos incrementos abusivos en situaciones de tragedia, urgencia o necesidad. La asociación denuncia que, desde el pasado domingo, se están detectando importantes subidas de precios en servicios de transporte. Sin embargo, estas prácticas no son ilegales con la normativa vigente, al no haberse declarado una emergencia de protección civil.
La actual regulación se basa en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Su última modificación se produjo tras la dana de 2024, cuando se introdujo la prohibición de subir precios de forma automatizada en contrataciones online siempre que la situación haya sido declarada oficialmente emergencia de protección civil, conforme a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma delimita como tal cualquier “situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos" para evitar que evolucione a una catástrofe, una definición que deja fuera el siniestro de Córdoba.
Facua considera que esta prohibición resulta insuficiente y excesivamente restrictiva, ya que limita la protección del consumidor a supuestos muy concretos. Por ello, la organización de consumidores propone mejorar y completar la ley para que la prohibición de subidas abusivas de precios se aplique no solo cuando exista una emergencia de protección civil declarada, además de que se incluya cualquier tipo de contrato, ya sea online o presencial.
Control de precios ante la “especulación”
Otras asociaciones y formaciones políticas también se han sumado a las reclamaciones de usuarios en redes sociales y han denunciado el alza de precios en una situación de gravedad. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido que se establezca “un control de precios”, asegurando que “el libre mercado debe suspenderse en tiempos de catástrofe" y abogando por sanciones para las empresas que incurran en estas prácticas. El candidato a la Presidencia de la Junta del partido ha cifradio en 300% o 400% el aumento de precios en aerolíneas y señala costes de “300, 400, 500, 600 euros” en el alquiler de coches de Andalucía a Madrid tras el corte de la línea de alta velocidad, que se mantendrá vigente hasta al menos el viernes 23 de enero.
Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, ha manifestado la intención de su partido de perseguir este tipo de “especulación en el transporte” a través de una inicitaiva parlamentaria.
Varias empresas han anunciado refuerzos en sus servicios para absorber el aumento de la demanda tras la tragedia, entre las que destacan Renfe, Alsa, Socibús, Air Europa e Iberia. Esta útlima, además, se ha comprometido a imponer límites de 99 euros a los precios de sus billetes de clase turista para evitar estos incrementos de costes.
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