
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las reuniones mantenidas entre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y la empresa Making Science Group en el marco del desarrollo del ‘software’ vinculado a la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La decisión se recoge en una providencia en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid remite a los agentes un escrito aportado por la compañía tecnológica con el listado de encuentros celebrados entre abril de 2022 y febrero de 2024, así como los participantes en los mismos.
Ese documento, que ya obra en el juzgado, detalla un total de 22 reuniones consideradas por la propia empresa como de contenido “eminentemente técnico” y “mayormente de seguimiento de avance de proyecto”. Making Science admite que no existían actas formales de esos encuentros, ya que las convocatorias se gestionaban mediante correo electrónico por parte de la dirección del proyecto. A estas reuniones acudían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos, y en varias de ellas participaron además representantes de otras empresas implicadas en el desarrollo de la plataforma digital, así como personal de la Universidad Complutense.
Peinado había requerido el pasado 16 de diciembre que se aportaran las agendas y las actas de todas las reuniones vinculadas al desarrollo del ‘software’ alojado en el dominio transformatsc.org, que forma parte de una de las líneas de investigación abiertas en la causa que instruye contra Begoña Gómez. Según consta en la documentación remitida, Gómez asistió a las 22 reuniones reflejadas por Making Science, y en tres de ellas estuvo también presente su asesora en Moncloa.
De acuerdo con el listado facilitado al juzgado, Cristina Álvarez participó en tres reuniones concretas: el 11 de enero de 2023, el 3 de marzo de 2023 y el 23 de mayo de ese mismo año. Dos de estos encuentros se celebraron de manera telemática, mientras que el tercero tuvo lugar en la sede de Making Science en Madrid. Fue precisamente en esa reunión, celebrada el 7 de febrero de 2024 según otra documentación incorporada al procedimiento, cuando se planteó a la empresa la posibilidad de continuar el proyecto en una segunda fase. Tras esa cita, la compañía envió un presupuesto, pero no obtuvo respuesta posterior.

La documentación entregada al juzgado confirma también que en algunas de las reuniones participaron representantes de compañías como Google, Telefónica, Deloitte o Minsait, además de personal universitario. En varios casos, la organización de los encuentros correspondía a la propia UCM y en otros a las empresas implicadas. Las reuniones estaban orientadas, según explica Making Science, a la implementación de un software de uso gratuito asociado a la cátedra extraordinaria dirigida por Gómez, un proyecto académico para el que, según la documentación aportada, la esposa del presidente no percibía retribución.
La información facilitada ha llevado al juez a ordenar a la UCO la elaboración de un nuevo informe que analice el alcance de estas reuniones y su posible relevancia dentro del procedimiento, en el que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
Alcance de la investigación
La figura de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez desde 2018 y encargada de gestionar su agenda pública y privada, también se encuentra bajo el foco judicial. El juez mantiene imputadas tanto a Gómez como a su asesora, además del empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de Álvarez, la documentación incorporada a la causa y varios testimonios ante el juez han descrito su presencia en algunas reuniones como la de una colaboradora vinculada al proyecto, aunque sin intervención activa, según declaró un directivo de Deloitte que compareció en sede judicial.
Una de las líneas de investigación abiertas examina si la mujer de Pedro Sánchez pudo haber influido en beneficio de empresas de Barrabés, adjudicatarias de contratos públicos, así como su papel en la cátedra de la Complutense y la eventual utilización de su asesora para actividades de carácter privado. El juez también analiza la posible comisión del delito de intrusismo, al considerar que Gómez habría firmado propuestas, pliegos administrativos y documentos técnicos relacionados con el contrato con Deloitte para el desarrollo del ‘software’ sin disponer de la capacitación requerida para ello.
Making Science, por su parte, ha remitido al juzgado lo que denomina “listado de reuniones mantenidas, personas convocadas y ausentes de las mismas”, insistiendo en el carácter técnico de los encuentros y en que no se levantaban actas formales. La empresa recuerda igualmente que, tras plantearse la continuidad del proyecto en una segunda fase, envió una propuesta económica que quedó sin respuesta, y que el último encuentro relevante se produjo dos meses antes de la apertura de la causa judicial, que tuvo lugar en abril de 2024.
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