La relación tóxica entre PP y Vox marca un 2026 de urnas para nueve millones de españoles: Aragón, Castilla y León y Andalucía se juegan su estabilidad política

En menos de seis meses, varias comunidades autónomas acudirán a las urnas en una sucesión poco habitual de citas electorales. Aragón votará en febrero, Castilla y León lo hará en marzo y Andalucía celebrará elecciones en junio. En total, más de nueve millones de españoles están llamados a votar en 2026 en elecciones autonómicas que, aunque formalmente distintas, comparten un mismo hilo conductor político.

Ese hilo no es ideológico en sentido clásico, ni responde a una ola concreta de cambio. Tiene que ver con algo más prosaico y, al mismo tiempo, más decisivo: la dificultad de gobernar sin mayorías absolutas y la relación cada vez más difícil entre el Partido Popular y Vox. Una tensión que ya no se expresa solo en el debate público, sino que se ha trasladado al terreno más sensible de cualquier legislatura: los presupuestos de cada comunidad autónoma.

El precedente que activa el calendario

El punto de partida de este nuevo ciclo electoral estuvo en Extremadura. Allí se celebraron este domingo unas elecciones autonómicas anticipadas que no estaban previstas en el calendario y que han actuado como catalizador de todo lo que viene después. No tanto por su peso demográfico o institucional, sino porque han sido el primer ejemplo claro de cómo la tensión parlamentaria puede desembocar directamente en una convocatoria electoral y alterar, de rebote, el conjunto del calendario autonómico.

Las elecciones extremeñas fueron la consecuencia directa del bloqueo político que sufrió el Gobierno autonómico tras fracasar la aprobación de los Presupuestos de 2026. El origen de ese bloqueo se remonta a la legislatura nacida en 2023, cuando PSOE y PP empataron a 28 escaños en la Asamblea, con los socialistas como fuerza más votada en número de votos, y el Partido Popular accedió al Gobierno gracias a un acuerdo de coalición con Vox.

Esa relación en la derecha política se fue deteriorando con el paso del tiempo y terminó de romperse con la negociación presupuestaria. Vox se negó a respaldar las cuentas para 2026, la oposición no ofreció una alternativa viable y la comunidad quedó sin presupuestos. Ante ese escenario, la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas se presentó como la única salida institucional posible.

El resultado de las urnas confirmó que el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza en Extremadura, pero sin mayoría absoluta, y que Vox sale reforzado tras duplicar su representación parlamentaria. Más allá del reparto concreto de escaños, lo relevante fue la lectura política: el bloqueo presupuestario no solo no penalizó a quien lo protagonizó, sino que consolidó su posición como actor decisivo. Ese precedente es el que planea sobre las elecciones de 2026.

Aragón, la primera cita del año nuevo

La primera comunidad que llevará a la práctica ese precedente será Aragón. El próximo 8 de febrero, algo más de un millón de ciudadanos están llamados a votar en unas elecciones autonómicas que tampoco estaban previstas en el calendario y que responden a un esquema ya conocido: bloqueo presupuestario y mayoría parlamentaria insuficiente.

El Gobierno de Jorge Azcón surgió de las elecciones de 2023 gracias al apoyo de Vox. El Partido Popular ganó aquellos comicios, pero sin mayoría absoluta, y optó por un acuerdo parlamentario que permitió la investidura sin integrar a Vox en el Ejecutivo. Desde el inicio, la legislatura quedó condicionada por esa dependencia externa, sostenida más por la necesidad aritmética que por una alianza política estable.

La relación se fue deteriorando a lo largo de la legislatura y terminó de romperse con la negociación de los Presupuestos de 2026. Vox se negó a respaldar las cuentas y el Gobierno quedó en minoría frente a una oposición capaz de bloquear el proyecto. Sin presupuestos y sin una mayoría alternativa viable, el Ejecutivo aragonés optó por disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, reproduciendo casi punto por punto el escenario vivido semanas antes en Extremadura.

Aragón acudirá así a las urnas con un contexto muy similar: un Partido Popular que parte como primera fuerza, pero sin garantías de alcanzar la mayoría absoluta, y un Vox que mantiene una representación suficiente como para volver a ser decisivo. En el bloque de la izquierda, el PSOE afronta la cita con Pilar Alegría como candidata, en un escenario fragmentado y sin una alternativa clara de gobierno.

Castilla y León, la experiencia del gobierno compartido

Un mes después de la cita aragonesa, será Castilla y León la que acuda a las urnas. Las elecciones previstas para marzo de 2026 no responden a un adelanto electoral, sino al agotamiento natural de la legislatura iniciada en 2022. Sin embargo, el contexto político en el que se celebran está directamente marcado por la relación entre el Partido Popular y Vox, que en esta comunidad dio un paso más allá que en otros territorios.

Tras las elecciones de 2022, el PP ganó sin mayoría absoluta y Alfonso Fernández Mañueco fue investido presidente gracias a un acuerdo de coalición con Vox, que entró en el Gobierno autonómico con la vicepresidencia y varias consejerías. Castilla y León se convirtió en una de las comunidades donde Vox asumió responsabilidades de gobierno junto al Partido Popular, consolidando una fórmula de coalición que tuvo un fuerte impacto político a nivel nacional y que normalizó la presencia de Vox en ejecutivos autonómicos.

Cuatro años después, esa experiencia pesa sobre la nueva convocatoria. El Partido Popular afronta las elecciones como primera fuerza en las encuestas, pero sin garantías de alcanzar la mayoría absoluta, lo que vuelve a situar a Vox como un actor relevante en la futura gobernabilidad. A diferencia de Aragón, aquí no se trata solo de apoyos externos: Vox ya ha gobernado y su papel en el Ejecutivo forma parte del balance que los electores deberán evaluar.

A ese marco político se ha sumado en los últimos meses un factor de desgaste. La gestión de los incendios forestales del verano, que arrasaron miles de hectáreas en distintas provincias de la comunidad, ha erosionado la imagen de Mañueco, especialmente en el ámbito rural, donde el impacto de los fuegos fue más visible y la percepción de abandono más extendida.

En ese contexto, Vox ha vuelto a encontrar un terreno fértil para reforzar su discurso. El partido, que ya gestionó áreas vinculadas al mundo rural durante su etapa en el Gobierno autonómico, trata ahora de capitalizar el descontento y presentarse como una alternativa más firme frente a lo que considera una gestión fallida.

Andalucía, la excepción que se somete a examen

Andalucía llega a las elecciones de junio desde un punto distinto, pero no exento de tensión política. El Partido Popular gobierna en solitario desde 2022 gracias a una mayoría absoluta que permitió a Juanma Moreno marcar distancias con Vox y sostener una legislatura sin sobresaltos parlamentarios. Esa estabilidad, sin embargo, se ha visto cuestionada en los últimos meses por la crisis de los cribados de cáncer de mama, que ha generado una gran polémica social y ha colocado a la gestión sanitaria en el centro del debate público.

El episodio ha tenido un efecto directo sobre la imagen del Gobierno andaluz y ha erosionado uno de los principales activos de Moreno: la percepción de solvencia y buena gestión. Aunque las encuestas siguen situando al PP como primera fuerza, el margen de la mayoría absoluta se ha estrechado y el escenario de una pérdida de esa ventaja ya no se descarta. De producirse, Andalucía pasaría de ser la excepción del mapa autonómico a incorporarse a la lógica de mayorías ajustadas y negociaciones parlamentarias que define el resto del ciclo electoral.

Las comunidades que hacen malabares

Más allá de las elecciones ya fijadas en el calendario, el ciclo abierto en Extremadura y continuado en Aragón mantiene en alerta permanente a otras comunidades donde la estabilidad parlamentaria depende de equilibrios frágiles. No hay convocatorias formales, pero sí advertencias explícitas, tensiones presupuestarias y escenarios que podrían desembocar en un adelanto si el conflicto político se cronifica.

El caso más claro es el de Cantabria. La presidenta María José Sáenz de Buruaga ha reconocido públicamente que no descarta disolver el Parlamento si la legislatura se vuelve ingobernable. El Ejecutivo del PP gobierna en minoría y depende de apoyos externos, con Vox utilizando su posición para condicionar votaciones clave. No se ha producido aún un choque definitivo en torno a los presupuestos, pero la advertencia está lanzada y forma parte ya del debate político regional.

En Murcia, la situación es distinta, aunque no ajena a la tensión. El presidente Fernando López Miras ha conseguido aprobar las cuentas y ha descartado por ahora un adelanto, apoyándose en la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el Ejecutivo murciano ha denunciado bloqueos puntuales en el Parlamento regional, con Vox coincidiendo en algunas votaciones con el PSOE para frenar iniciativas del Gobierno. La legislatura sigue en pie, pero con un margen cada vez más ajustado.

También en Baleares el debate sobre un posible adelanto ha planeado durante meses. La presidenta Marga Prohens ha tenido que afrontar una negociación compleja con Vox, que ha condicionado buena parte de la agenda parlamentaria. La aprobación de los presupuestos ha permitido, de momento, alejar el escenario de una disolución anticipada, aunque en el propio Govern se asume que la continuidad de la legislatura depende de que no se reproduzcan bloqueos como los vistos en otras comunidades.

En todos estos territorios se repite una sensación compartida: la estabilidad ya no se da por garantizada. Gobiernos en minoría, presupuestos convertidos en el principal campo de batalla y un Vox que ha comprobado que su capacidad de presión parlamentaria puede tener consecuencias políticas reales.