
Los principales sindicatos del sector ferroviario español mantienen la convocatoria de huelga a partir de la madrugada de este lunes 9 de febrero, y hasta el próximo 11 de febrero, para reclamar mejoras en la seguridad tras los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
La protesta, que afecta a todo el personal del sector ferroviario, surge después de que las negociaciones entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Transportes se quedaran en un punto muerto el pasado viernes. Desde entonces, no se han convocado más rondas de conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo que evite el paro.
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Reformas estructurales en seguridad
La demanda central de los sindicatos —entre los que se encuentran Semaf, CCOO y UGT— gira en torno a la necesidad de un cambio estructural en las políticas y los procedimientos de seguridad. Fuentes de Semaf han indicado a EFE que existen múltiples aspectos técnicos pendientes de revisión y han recalcado que la desconvocatoria de la huelga solo sería posible si se logra “un cambio estructural en la seguridad”.
Por su parte, los portavoces de CCOO aseguraron a EFE que, aunque continúan los contactos sobre las cuestiones técnicas, “en ese ámbito, no se va a desconvocar la huelga”. Además, añadieron que “de las reuniones donde sí se podría llegar a acuerdos, no tenemos prevista ninguna hoy”.
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Junto a los sindicatos mayoritarios, otras organizaciones como CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro también han llamado a la movilización, aunque no participan en las actuales negociaciones con el Ministerio de Transportes.
Alcance de la huelga y servicios mínimos
La convocatoria abarca a todo el personal vinculado al sector ferroviario, desde operaciones y mantenimiento hasta circulación, atención a bordo y otras funciones esenciales para el servicio público. La huelga afecta tanto a operadores públicos como privados, incluyendo a Adif, Renfe (en servicios de viajeros y mercancías), Iryo, Ouigo, Serveo (servicios a bordo), y empresas logísticas como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.
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El Ministerio de Transportes ha definido unos servicios mínimos que varían según el tipo de trayecto: el 73% en trenes de alta velocidad y larga distancia (exceptuando Cataluña y País Vasco, donde las competencias están transferidas), el 75% en horario punta y el 50% en el resto de la jornada para cercanías, el 65% en media distancia y el 21% en los servicios de mercancías.
Cancelaciones y servicios afectados
La aplicación de los servicios mínimos ha motivado la cancelación de más de 330 trenes de alta velocidad y larga distancia entre el 9 y el 11 de febrero, según han confirmado Renfe, Ouigo e Iryo. Este recorte afecta a miles de viajeros que tenían previsto desplazarse durante esos días, tanto en trayectos nacionales como internacionales.
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El paro abarca, además, a empresas de logística y transporte de mercancías, lo que podría tener repercusiones en la cadena de suministro y la economía.
Los accidentes de Adamuz y Gelida intensifican el conflicto
Las demandas de los sindicatos han cobrado fuerza tras los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que pusieron en el centro del debate la seguridad en la red ferroviaria. Los representantes sindicales insisten en que estos sucesos son una muestra de la urgencia de revisar los protocolos y reforzar las inversiones en sistemas y tecnologías de prevención.
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Así, los sindicatos consideran insuficientes las medidas actuales y afirman que, sin un compromiso firme del departamento de Óscar Puente, el conflicto tiene posibilidades de prolongarse.
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