El abuelo de Lucas, el niño asesinado presuntamente por su madre y su pareja en Almería, se persona como acusación particular en el caso para solicitar la incineración del cuerpo

La noche del pasado miércoles, 3 de diciembre, Lucas, un niño de 4 años, fue encontrado sin vida en una playa del municipio almeriense de Garrucha. Apenas habían pasado unas horas desde el aviso de su tía materna a la Policía por haber recibido un mensaje en el que la madre le comunicaba que había abandonado al pequeño en una caseta situada junto al mar, según han indicado fuentes cercanas a la investigación, que confirmaron la rápida movilización de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil poco antes de las once de la noche.

El cuerpo de Lucas fue encontrado en un área de rocas próxima al antiguo cargadero de mineral, en el límite entre Garrucha y Mojácar, con claros indicios de muerte violenta. Al día siguiente, la Guardia Civil detuvo a la madre del menor y a su pareja, un hombre que no es el padre biológico de Lucas y sobre el que pesaba una orden de alejamiento respecto a la mujer.

Apenas tres días después, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera decretaba prisión provisional, comunicada y sin fianza tanto para la madre como para su compañero sentimental. Ambos han pasado a estar investigados por delitos de asesinato y maltrato habitual, aunque la evolución de la instrucción determinará la calificación definitiva de los hechos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Declaraciones cruzadas, señalamientos a los protocolos y un entorno familiar bajo la lupa

Durante sus comparecencias en juzgado, las estrategias de los dos arrestados han sido distintas. El hombre, pese a tener una orden de alejamiento en vigor, ha accedido a declarar ante el juez, mientras que la madre de Lucas se ha acogido a su derecho a no declarar. La investigación, bajo secreto de sumario, mantiene el foco sobre ambos para esclarecer tanto la autoría material como el grado de implicación de cada parte.

El caso ha propiciado críticas desde la representación legal de la familia materna. El abogado José Luis Martín, que ejerce la acusación en nombre del abuelo materno - quien también interpuso la denuncia por desaparición -, ha señalado deficiencias en la respuesta de los sistemas de protección. Según el letrado, existían señales evidentes de violencia y desatención que, asegura, no fueron detectadas ni por el colegio ni por las fuerzas de seguridad. Relatos de familiares añaden que el niño acudía habitualmente al colegio con hematomas visibles, e incluso llegó a presentarse un día con un brazo fracturado o “encabestrado”, sin que el centro activase los procedimientos establecidos para casos de maltrato infantil o absentismo.

La tía abuela del menor, por su parte, trató de alertar a la Guardia Civil mostrando una imagen de una lesión en la sien de Lucas, aunque en esa ocasión no se pudo proceder por falta de denuncia formal y parte médico. Las mismas fuentes de la investigación apuntan que los adultos implicados evitaban llevar al niño al médico, supuestamente para impedir que quedasen constancia de las lesiones.

La familia ha solicitado que la investigación profundice en los antecedentes del caso, convencida de que las advertencias sobre la situación del menor no fueron escuchadas a tiempo. “La familia quiere que se investigue a fondo y se llegue a la verdad. Si la hija ha tenido participación y es culpable, que lo pague igual que cualquier otro. El abuelo quiere justicia para su nieto por encima de todo”, ha expresado el abogado Martin. Además, el abuelo ha anunciado su intención de solicitar la custodia del bebé que espera la madre de Lucas, embarazada de cinco meses, con el objetivo de evitar que quede a su cargo o entre en el sistema de protección de menores.

El abuelo del niño se persona como acusación particular

La última novedad en el caso ha llegado este martes, cuando el abuelo materno de Lucas se ha presentado en el juzgado como acusación particular, para solicitar la incineración del niño. La patria potestad sigue en manos de la madre, ya que no se han adoptado aún medidas cautelares civiles que puedan suspender ese derecho. Según ha explicado el abogado de la familia, José Luis Martínez, este requisito complica cualquier avance en el sepelio o la incineración, ya que requiere la autorización expresa de la madre, actualmente en prisión provisional.

“El abuelo quiere incinerar a su nieto para que descanse y poder llevarse las cenizas, pero nos encontramos con un problema burocrático que puede derivar en una guerra legal”, resume el letrado. Ante la falta de respuesta por parte de la madre, la defensa del abuelo ha solicitado al juez que se suprima este requisito mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria (aquel en el que se solicita la intervención de un juez para autorizar, validar o reconocer actos o situaciones jurídicas para la tutela de derechos e intereses en materia civil y mercantil sin que exista un conflicto entre las partes), para evitar que el cuerpo de Lucas permanezca en el Instituto de Medicina Legal durante un periodo indefinido.

Por el momento, la personación del abuelo se ha formalizado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, aunque no se descarta que el proceso pase en breve al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, especializado en Violencia sobre la Mujer, puesto que la pareja sentimental de la madre ya contaba con una orden de alejamiento previa dictada tanto respecto a la madre como al hijo.

La filiación de Lucas también ha sido aclarada por la acusación. El padre biológico, según el letrado, “nunca reconoció al niño” y no figura en el procedimiento. La figura paterna, tanto a efectos legales como emocionales, corresponde al abuelo materno, Martín, quien dio sus apellidos al pequeño y en estos momentos se encuentra al frente de la búsqueda de justicia para su nieto.