La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en las sedes de la empresa Acciona en Madrid y Bilbao con un requerimiento judicial buscando información sobre posibles contratos amañados en el marco del caso Ábalos-Cerdán. La orden judicial, del magistrado Leopoldo Puente, se ha dictado bajo el secreto de las actuaciones. También se están registrando en San Sebastián sedes de otras empresas vinculadas con Servinabar.

El instructor del caso, el juez Leopoldo Puente, sospecha que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, cobró comisiones ilegales de la compañía de la familia Entrecanales por intervenir para dirigir concursos de infraestructuras. El nombre de la constructora aparece mencionado en seis ocasiones en el auto del juez Leopoldo Puente que envió a la cárcel a Santos Cerdán el pasado julio. El magistrado decía que la obtención de contratos por la constructora, “actuando en UTE con otras de menor envergadura”, representa el “elocuente denominador común” de la trama.

Acciona y otras empresas con las que concurrió formando una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, escribió el juez del Tribunal Supremo. Acciona pagó a la mercantil vinculada al exnúmero 3 del PSOE, Servinabar 2000 SL, más de 6 millones de euros.

El magistrado instructor que investiga esta ramificación del caso Koldo, que ya ha enviado al exministro Ábalos al banquillo por supuestos amaños en la compraventa de mascarillas a cambio de beneficios personales, considera que Acciona está en el centro de la trama y ha llegado a interrogar a un exdirectivo. El pasado mes de junio emitió un requerimiento de información a la compañía de la familia Entrecanales para solicitar información sobre los expedientes de cinco obras de la Dirección General de Carreteras y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se adjudicó a la constructora formando (UTE con otras compañías, pero no se registró su sede, como sí pasó con otras compañías implicadas.

El Tribunal Supremo ha abierto una pieza secreta dentro de la causa en la que, además de Ábalos, están siendo investigados por la presunta comisión de delitos de corrupción el que fuera su asesor personal Koldo García y Santos Cerdán por el supuesto amaño de concursos públicos en el periodo 2018-2021 en el que Ábalos fue titular de la cartera de Transportes. Fernando Merino Vera, exdirectivo en Navarra de Acciona e imputado en la causa, ya declaró por estos hechos en julio.

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