La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la que se ha denominado Operación SILBO, han logrado desarticular una de las organizaciones criminales más activas con epicentro en el archipiélago canario, en lo que al narcotráfico se refiere, mediante la detención de 34 personas en los cerca de 40 registros practicados en distintos puntos de la geografía española.
Esta investigación dio comienzo hace ya más de dos años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y ha contado con la colaboración de la administración para el control de drogas estadounidense, DEA, así como con la de la Policía Judicial de Cabo Verde, todo ello coordinado por EUROPOL.
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Cocaína en buques desde Sudamérica
Toda la operación comenzó con la figura de un empresario tinerfeño, de 42 años, relacionado con los sectores del ocio nocturno, la restauración y la construcción. También trabajaba con varias empresas en el extranjero, todo ello utilizado, como han podido corroborar los investigadores, para dirigir una compleja organización criminal desde las Islas Canarias, para introducir importantes remesas de estupefacientes a nivel regional, nacional e internacional.
Paralelamente a su gestión empresarial, este empresario negociaba directamente la entrega de grandes cantidades de cocaína desde barcos nodriza procedente de Sudamérica, a otras embarcaciones por él gestionadas, para su posterior entrada en el archipiélago canario principalmente.
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En este escenario, los investigadores incautaron dos remesas de mucha relevancia relevancia con destino a Santa Cruz de Tenerife, una de ellas de 500 kilogramos de cocaína en enero de 2024, en una embarcación que la había transbordado previamente desde un buque procedente del continente sudamericano, y posteriormente, en el mes de noviembre del mismo año, otra de 1.600 kilogramos de la misma sustancia.
En este segundo caso, el cabecilla de esta organización criminal, había dispuesto un barco pesquero en Guinea Bissau, junto a un socio afincado en Galicia, con la intención de abastecerse del estupefaciente de la misma manera que la anterior aprehensión, aprovechando la conocida “ruta africana de la cocaína”.
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Un entramado para blanquear el dinero
A parte, esta persona contaba con infraestructura marítima y terrestre en otras islas del archipiélago, empleadas para recibir importantes cantidades de hachís procedente de Marruecos, las cuales eran enviadas a Reino Unido, consiguiendo un rápido retorno de beneficios económicos, detectándose por parte de los investigadores, varias reuniones con personas de nacionalidad británica en la Costa del Sol, relacionadas con el tráfico de drogas en ese país.
La investigación económica desarrollada de forma paralela ha permitido conocer que el principal responsable de la organización había construido un entramado societario para el blanqueo que realizaba fuertes inversiones en distintos sectores económicos, a través de empresas nacionales y extranjeras del sector de la restauración, inversiones inmobiliarias y otras, haciéndose valer para estos fines de terceras personas de su entorno de confianza.
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También estaba vinculado con sociedades pesqueras y otros activos ocultos a terceros, y utilizaba, así mismo, una empresa de alquiler de vehículos también para blanquear los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas, así como para la distribución de los estupefacientes mediante el uso de su flota.
De esta manera, el pasado mes de abril, se intervinieron 66 kilogramos de cocaína que se pretendían introducir en Tenerife mediante un vehículo de esta empresa, ocultos en el mismo mediante un sofisticado sistema hidráulico, pudiéndose averiguar que este cargamento había sido sustraído previamente a otro grupo criminal, para lo que habían secuestrado a un integrante del mismo.
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Intimidación y violencia
El grupo criminal ahora desarticulado, utilizaba la figura de una persona de nacionalidad cubana y otra colombiana, ambos con formación militar, los cuales ejecutaban acciones violentas sobre determinados objetivos para hacerse con activos de distinta índole, llegando incluso a forzar a un tercero en el sur de la Isla de Tenerife, para apropiarse de unos terrenos en el municipio de Candelaria.
A lo largo de la investigación, también se pudo saber que también tenían proyectada la adquisición de armas de fuego ilegales en la península, mientras impartían formación militar a otros integrantes del grupo.
Un laboratorio de procesado y corte de cocaína
En la explotación de esta operación, se intervino un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal, en la isla de Tenerife, donde almacenaban gran cantidad de productos químicos altamente nocivos para la salud, así como los utensilios necesarios para el procesado y adulteración de la cocaína.
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Esta investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº3 de Santa Cruz de Tenerife, y llevada a cabo por la Unidad Central Operativa ( Equipo Contra el Crimen Organizado, ECO Canarias) y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se ha saldado con la intervención de 2.185 kilogramos de cocaína, armas de fuego modificadas en perfecto estado de uso, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y 5 embarcaciones (barco pesquero, un velero y 3 lanchas rápidas), así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles por valor de más de 2 millones de euros.
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