El fracaso en el Congreso del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha llevado al Gobierno a centrar la atención en otra de sus medidas clave: la reforma del registro horario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había adelantado que, en caso de que su proyecto estrella de reducir la jornada efectiva de sin necesidad de recortar salarios no superase el trámite parlamentario, el endurecimiento del registro de horas trabajadas se aprobaría mediante un real decreto.
El pleno del Congreso rechazó este miércoles la tramitación del proyecto de ley de reducción de jornada tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Junts y UPN. Con 178 votos a favor y 170 en contra, la propuesta del Ejecutivo quedó descartada, generando un choque político marcado por la división ideológica y el peso de las pequeñas y medianas empresas en el debate.
La regulación horaria, nuevo objetivo de Trabajo
Tras el veto parlamentario, el Ministerio de Trabajo anunció que impulsará de forma inmediata la reforma del registro horario por la vía reglamentaria, a través de un real decreto que no requiere convalidación en el Congreso. La medida, que desde este jueves ya se encuentra en fase de consulta pública, busca dotar a la Inspección de Trabajo de mayores herramientas de control telemático para detectar fraudes en las horas extraordinarias y garantizar el cumplimiento de la normativa europea.
Díaz recordó que dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea instan a los Estados a implantar sistemas de registro fiables que reflejen las horas efectivas de entrada y salida de los trabajadores. Por su parte, la patronal mantiene su férrea oposición a esta medida, que ha sido uno de los principales focos de tensión en el debate sobre la reducción de la jornada. CEOE y Cepyme sostienen que supone una carga burocrática y tecnológica adicional para las empresas, especialmente las pymes, con costes y rigideces que limitan la flexibilidad laboral, mientras los sectores de izquierda acusan a las empresas de querer seguir beneficiándose de la laxitud del actual sistema de registro para imponer horas extra no remuneradas a sus trabajadores.
Las novedades del registro digital
El borrador que maneja el Ministerio de Trabajo introduce cambios de calado en el sistema de registro horario, con la vista puesta en cerrar los resquicios que permiten hoy el abuso de las horas extraordinarias no declaradas. La primera gran novedad será que cada trabajador deberá registrar personalmente su jornada a través de sistemas digitales, con verificación de identidad y desglose detallado de las horas ordinarias, extraordinarias, de disponibilidad o de interrupción.
El modelo actual, en el que muchas empresas utilizan hojas de cálculo o sistemas manuales, ha mostrado “insuficiencias” que dificultan la supervisión y dejan a miles de empleados fuera de control efectivo. Por ello, el nuevo decreto prevé la obligatoriedad de soluciones electrónicas con garantías de autenticidad, como los sellos de tiempo o aplicaciones móviles homologadas en las que los trabajadores podrán fichar al iniciar y acabar su jornada, capaces de ofrecer un historial verificable.
Además, el registro horario deberá estar disponible en tiempo real para la Inspección de Trabajo y podrá ser consultado de forma remota por los representantes sindicales. Se endurecerán también las sanciones por incumplimiento y las compañías estarán obligadas a entregar copias periódicas de los registros a la representación de los trabajadores. Según Trabajo, el objetivo es doble: garantizar la transparencia en las jornadas y evitar que las horas extraordinarias se conviertan en un recurso estructural gratuito para las empresas.
El fraude de las horas extra en España
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística, en el segundo trimestre de este año 1.012.500 trabajadores realizaron horas extra. De ellos, casi la mitad (unos 491.700 asalariados) no recibió compensación alguna por al menos parte del tiempo adicional trabajado, lo que equivale al 48,56% del total.
Las cifras revelan también una brecha de género: mientras que los hombres cobraron alrededor del 62,38% de las horas extraordinarias que realizaron, las mujeres apenas percibieron el 55,59%. El desfase se agrava en sectores con alta temporalidad o parcialidad, donde el abuso de estas horas no declaradas es más difícil de rastrear.
Los datos por ramas de actividad señalan a las financieras, inmobiliarias y educativas como las más afectadas por el impago, aunque el fenómeno se extiende a prácticamente todas las áreas.
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