La tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales está atascada ante la resistencia de Junts a dar su aval a la norma. Aunque desde el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no dan la batalla por perdida, la líder de Sumar ha avanzado su intención de rescatar algunas de las medidas incluidas en la ley para impulsarlas por separado. Es el caso del endurecimiento del registro horario en las empresas para controlar el número de horas de los empleados.
El proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que llegó al Congreso a mediados de mayo, incluye medidas complementarias para garantizar la efectividad de esta iniciativa. En este sentido, la ley prevé la regulación precisa del registro de jornada, que deberá contar con los requisitos de “objetividad, fiabilidad y accesibilidad”. Para ello, se exigirá la utilización de medios digitales, la cumplimentación de forma personal y directa con garantías de autenticidad y trazabilidad, la utilización de formatos comprensibles, el establecimiento de obligaciones documentales y de accesibilidad inmediata e interoperabilidad, y el registro de jornada idéntico en los contratos a tiempo parcial.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados. Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave. Las multas tendrán como importe: de 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio, y de 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.
De esta manera, Díaz ha confirmado este jueves su intención de reformar vía Real Decreto el registro horario, aunque no salga adelante la reducción de la jornada laboral. En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, la ministra ha destacado que la razón fundamental por la que los empresarios se oponen a la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales es porque está incluida en un proyecto de ley donde también se endurece el registro para controlar las horas de trabajo por parte de los empleados.
Dos sentencias frente a las horas extra
“Los trabajadores saben perfectamente cómo funciona el registro horario. Saben que no funciona porque les hacen firmar en blanco. Por tanto, la clave no sólo es la reducción de la jornada laboral, es que se cumplan con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Es que las formaciones políticas, las que sean, o la patronal española, no va a respetar la fuente de derecho europeo que es el Tribunal de Justicia Europeo?”, ha apuntado Díaz en alusión a las dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, que instan a España a cambiar el registro para que sea “interoperable, objetivable y veraz” y para que se incluya en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores (regula las horas extraordinarias).
En esta línea, ha cargado contra la CEOE, cuya presión sobre el partido de Carles Puigdemont complica la viabilidad de la medida estrella del departamento de Trabajo. “Es muy importante que se sepa. La razón fundamental de los opositores de la reducción de la jornada laboral no es la reducción horaria. Es el control del registro horario”, ha agregado la vicepresidenta segunda.
En ese caso, Díaz sopesa la opción de acometer la regulación del control horario, que al tener rango reglamentario se puede acometer mediante un Real Decreto, sin necesidad de que pase por el Congreso. Y “se aplica”, ha afirmado en el programa de laSexta. Para la líder de Sumar, es “muy grave” que las patronales vayan haciendo “un llamamiento a la insumisión” diciendo que los partidos voten en contra del proyecto de ley de las 37,5 horas.
Pese a todo, ha augurado que “la reducción de la jornada laboral se va a aprobar en nuestro país”. “Yo no sé lo que vamos a tardar, pero se va a aprobar. Estamos trabajando con las formaciones políticas para que así sea y se va a aprobar por una razón fundamental, porque afecta a 12 millones y medio de trabajadores en nuestro país”, ha ahondado Díaz.
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