Sumar pide sacar el aceite de oliva del mercado en estas dos situaciones: quiere proteger al “más débil”

Sumar ha solicitado formalmente al Congreso de los Diputados que se implementen medidas para intervenir en el mercado del aceite de oliva, con el objetivo de proteger a los pequeños agricultores y estabilizar el sector en situaciones críticas. A través de una proposición no de ley registrada, el grupo ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a activar el mecanismo europeo que permite la retirada obligatoria y temporal del aceite de oliva, tanto cuando exista un exceso de oferta como cuando los precios caigan por debajo de los costes de producción.

Esta petición se apoya en el artículo 167 bis del reglamento europeo 1308/2013, dedicado a la Organización Común de Mercados, que otorga a los Estados miembros la facultad de aplicar medidas excepcionales para regular el mercado del aceite de oliva. Con la legislación española ya adaptada a través del Real Decreto 84/2021, Sumar recuerda, en línea con las reivindicaciones de organizaciones agrarias como COAG y UPA: el Ejecutivo aún no ha implementado este mecanismo de protección para unos productores que afrontan una volatilidad persistente en los precios y un contexto de creciente preocupación por el impacto de las grandes distribuidoras y las importaciones.

Exceso de producción y precios por debajo de costes: los dos supuestos clave

La proposición detalla los dos escenarios concretos en los que debería permitirse la retirada temporal de aceite de oliva del mercado nacional. En primer lugar, cuando existe un exceso de producción que provoca una oferta ampliamente superior a la demanda y dificulta la comercialización a precios estables. En segundo lugar, cuando las cotizaciones del producto caen por debajo de los costes de referencia para su producción, lo que coloca a los pequeños agricultores en una situación de vulnerabilidad financiera.

El texto de la proposición señala que el objetivo principal de estas medidas es proteger al “eslabón más débil”, identificado con el olivar tradicional que predomina en muchas comarcas rurales y que aporta un alto valor ambiental, social y cultural. La iniciativa destaca que este tipo de explotaciones se enfrenta a una doble amenaza: la inestabilidad del mercado y la concentración de poder en unos pocos productores con capacidad para influir en la formación de precios.

Sumar subraya la importancia de establecer umbrales automáticos y objetivos para activar estos mecanismos de retirada, de modo que no dependan de interpretaciones discrecionales. La propuesta insta al Gobierno a aprobar de forma urgente una orden ministerial que detalle los criterios que desencadenen la activación de la medida. En ella, además, deberán especificar el volumen de aceite que debe ser retirado, el periodo de almacenamiento previsto y las herramientas complementarias necesarias, como posibles ayudas al almacenamiento privado o limitaciones temporales a las importaciones, especialmente las procedentes de Túnez, que han cobrado notoriedad en los últimos meses por su peso en el mercado nacional.

El futuro del olivar tradicional y el medio rural

El escrito advierte de que “la falta de mecanismos de regulación eficaces amenaza la viabilidad de miles de explotaciones familiares y el futuro de una actividad que vertebra gran parte del medio rural”. Sumar considera que, si no se toman medidas, el sector del aceite de oliva puede enfrentarse a una pérdida de tejido productivo y a una erosión social y económica en regiones donde el olivar tradicional representa el eje de la vida y la economía local.

La propuesta también plantea el impulso de un sistema de identificación, diferenciación y etiquetado para el aceite de oliva procedente de olivar tradicional. Solicita que estos sistemas se articulen sobre criterios homogéneos, verificables y transparentes que garanticen al consumidor información clara sobre el origen y el tipo de cultivo.

Demandas históricas y reacción de las organizaciones agrarias

Organizaciones agrarias como COAG y UPA han reclamado reiteradamente la puesta en marcha de estos instrumentos, defendiendo que la retirada obligatoria y el almacenamiento privado son herramientas eficaces para frenar la inestabilidad de precios y evitar que los agricultores trabajen a pérdidas. Además, exigen la fijación de precios de referencia y mecanismos automáticos que activen las medidas sin demoras administrativas.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha dado el paso de aplicar de manera efectiva la normativa europea adoptada en el Real Decreto 84/2021, pese a las solicitudes del sector y del propio grupo parlamentario Sumar. La coalición considera fundamental que la regulación esté lista antes del inicio de la próxima campaña, cuyo calendario arranca entre finales de septiembre y comienzos de octubre. La propuesta será debatida en la Comisión de Agricultura del Congreso.

*Con información de Europa Press.