La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense de origen sefardí cinco años después de negársela por un requisito inventado y pese a habérsela concedido a su hermano

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación presentado por Emma, una ciudadana residente en el estado de Nuevo México (Estados Unidos), y ha ordenado al Estado concederle la nacionalidad española por su condición de sefardí originaria de España. La decisión, dictada en la sentencia número 345/2026 por la Sección Undécima el pasado 25 de septiembre de 2026, revoca una resolución anterior del juzgado de primera instancia y anula el rechazo emitido en junio de 2021 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP).

El conflicto se inició cuando la Dirección General, dependiente del Ministerio de Justicia, denegó la solicitud de la interesada al considerar insuficientes los certificados presentados para probar sus raíces históricas. Concretamente, la resolución judicial recoge que “la denegación de la DGSJFP se basó en la falta de idoneidad del certificado expedido por Presidente y el Rabino de la Federación Judía de Nuevo México de Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos), entidad no avalada por la Federación de Comunidades Judías de España”. Asimismo, el organismo público argumentó que dicho documento no detallaba las investigaciones genealógicas previas ni aportaba el desglose exigido por sus instrucciones internas.

Su hermano y dos de sus sobrinos consiguieron la nacionalidad con la misma documentación

Frente a esta interpretación, la Audiencia Provincial precisa que las circulares o instrucciones internas de la Administración no pueden situarse por encima de la Ley 12/2015, aprobada por las Cortes Generales para regular la concesión de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes. El magistrado ponente, Cesáreo Duro Ventura, argumenta en la sentencia que “tal exigencia, no recogida en la ley no puede sustentar el rechazo del cumplimiento por esta sola omisión de los requisitos exigidos legalmente”. De este modo, los jueces concluyen que desestimar la petición por carecer de un trámite no previsto en el texto legal resulta contrario a derecho.

Un aspecto decisivo en el análisis del tribunal fue la falta de coherencia en los criterios aplicados por la propia Administración. Según consta en las actuaciones, la Dirección General ya había concedido anteriormente la nacionalidad española a su hermano y a dos de sus sobrinos utilizando exactamente los mismos certificados de origen expedidos por las autoridades judías de Nuevo México. Para la Audiencia Provincial, este antecedente dentro del mismo entorno familiar directo refuerza la validez de los documentos aportados.

Además de los certificados de la comunidad judía local, la demandante presentó un estudio genealógico elaborado por un especialista que documenta su ascendencia judeoconversa hasta la decimosexta generación, respaldado por un dictamen pericial. Para probar su vínculo con España, aportó acreditaciones de donaciones destinadas a la conservación de la cultura sefardí, certificados de estudios universitarios realizados en la Universidad de Barcelona y los diplomas del Instituto Cervantes que certifiquen la superación de las pruebas oficiales sobre la Constitución y la realidad sociocultural española.

Tras estudiar el expediente de forma integral, la Audiencia establece en su parte dispositiva que “deja sin efecto la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 8 de junio de 2021 por la que se deniega a la apelante Dª Emma la nacionalidad española como sefardí originaria de España y se declara que la actora apelante acredita y cumple los requisitos exigidos por la Ley 12/2015 de 24 de junio”. Además, la sentencia impone las costas de la primera instancia a la Administración estatal y la obliga a tramitar la concesión definitiva del pasaporte.